Por: Marco Antonio Andrade Aguirre 

Ley Pano, legislar nuestras realidades. 

Marco Antonio Andrade Aguirre / andrade.aguirre@hotmail.com   2017-12-04
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La iniciativa de reformas penales propuesta por el diputado Epifanio Salido representa, al margen de sus obvias complicaciones constitucionales, una respuesta pertinente que, ante la creciente problemática de robos con violencia, merece ser seriamente discutida con el propósito de explorar la posibilidad de crear nuevas medidas penales que, conjuntamente con la implementación de una mejor política preventiva del delito, puedan contener el incremento de los robos en la entidad. 

 

Bajo esa premisa, es indispensable valorar los objetivos sociales de un proyecto que, si bien es cierto contiene profundas deficiencias técnicas y de conceptualización jurídica, suponemos fue concebido con la acertada idea de legislar nuestras realidades como sociedad, y no para incorporar ocurrencias ni improvisar reformas a las leyes locales,  

 

En ese sentido, la llamada “Ley Pano” debe someterse a la más amplia discusión pública para que sean los ciudadanos quienes, de acuerdo al principio aristotélico de la finalidad de la ley, legitimen una actualización del código penal que busca disuadir, por una parte, el robo a casa habitación, el robo de vehículos, la extorsión y el uso recurrente de armas prohibidas, y por otra, proteger los derechos patrimoniales y la integridad física y la paz domiciliaria de las personas y sus familias.  

 

Dicha iniciativa propone someter a prisión preventiva al imputado o presunto responsable por la comisión de dichos delitos, mismos a los que es recomendable incluir otros como el allanamiento de morada y el asalto, por tratarse de delitos que también atentan contra la seguridad privada de los ciudadanos. 

 

Los registros estadísticos sobre el inusitado incremento de robos son elocuentes. El Sistema Nacional de Seguridad Publica dice que durante el primer semestre del 2011 se robaron 6,556 vehículos. En el último año fueron 4,333 vehículos robados. 

 

El robo a casa habitación también se disparo de 2,916 en 2016 a 3,957 tan solo en el primer semestre del año en curso. Inegi registra 2.5 millones de robos en todo el país. 

 

Es decir, tomando en consideración los indicadores del incremento exponencial de los delitos patrimoniales de los dos últimos años, que también afectan el ámbito de  derechos humanos básicos como la  seguridad y la paz domiciliara de las personas,  la reforma penal impulsada por el referido Diputado Epifanio Salido Pavlovich, avalada por organismos civiles y algunos liderazgos ciudadanos, se advierte plenamente justificada, aunque tiene la limitante de enfrentar diversos obstáculos previstos por el nuevo sistema penal acusatorio. 

 

El nudo gordiano de esta reforma consiste en que la prisión preventiva ordinaria y la prisión preventiva oficiosa no pueden ser aplicadas en forma permanente durante la tramitación de un juicio, sino de manera temporal durante un plazo razonable fijado por reglas obligatorias, no discrecionales, por el ministerio público o el juez.  

 

Además, también es imposible introducir la prisión preventiva al código penal local por tratarse de una medida cautelar regulada por el código procesal nacional, respecto de la cual los congresos estatales no tienen competencia para legislar.  

 

La reglamentación de las cuestiones procesales del derecho penal acusatorio están previstas como facultades exclusivas del congreso de la unión. 

La prisión preventiva tampoco es susceptible de aplicarse como regla general, sino como una medida excepcional por delitos de alto impacto social como el homicidio, el secuestro o la trata de personas, incluyendo aquellos considerados graves, entre los que no se contemplan, precisamente, ninguno de los señalados en la iniciativa. 

 

En consecuencia, vale la pena reflexionar no en función de dichos impedimentos, mismos que en mi opinión debemos asumirlos como un desafío a la inteligencia jurídica y a la creatividad legislativa, sino en ponderar la finalidad disuasiva, los objetivos sociales y la protección de las víctimas y de aquellos ciudadanos ofendidos por robos y asaltos en sus propios domicilios. 

 

En el fondo se trata de delitos que vulneran cada vez más la seguridad pública, generan incertidumbre social, provocando el temor y la indignación de los sonorenses.   

 

Por ese motivo es pertinente subrayar que nunca antes como ahora se deben analizar con el mayor sentido de responsabilidad social los objetivos esenciales de la reforma propuesta, así como la conveniencia de abrir el debate para construir el más amplio consenso posible.      

 

Lógico suponer entonces que los sonorenses tenemos sobre la mesa uno de los temas que, junto al fenómeno de la corrupción y la impunidad, tiene de mayor impacto sobre la seguridad, la paz y el patrimonio de los ciudadanos.  

 

INCONVENIENCIAS.- La aplicación de la prisión preventiva tendría un impacto presupuestal al incrementarse la población carcelaria, misma que requiere una mayor inversión en infraestructura para ampliar o eficientar los CERESOS. Amen que también sería necesaria una nueva política carcelaria del Estado para garantizar que la prisión preventiva cumpla con las rigurosas reglas previstas para el efecto por el artículo 18 constitucional.  

 

ALTERNATIVAS 

      

1.- Incrementar las sanciones y penas privativas de libertad a los delitos patrimoniales, incluyendo a aquellos contra la paz y la seguridad de las personas previstas por el Código Penal Local conforme a los criterios de la SCJN, CIDH y Tratados Internacionales. 

 

2.- Promover ante el Congreso de la Unión una Iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional, al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales para incorporar los delitos de robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a establecimientos comerciales, allanamiento de morada y asalto agravado, al régimen de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.  

 

3.- Exhortar, Sugerir o Recomendar al Fiscal General, Fiscal Anticorrupción y al Poder Judicial del Estado valoren la necesidad de privilegiar la aplicación oportuna de la Prisión Preventiva Ordinaria y la Prisión Preventiva Oficiosa conforme a los  principios, lineamientos y requisitos procesales del sistema penal acusatorio nacional. 

 

4.- Solicitar a las Secretarias de Seguridad Pública Estatal y las Municipales diseñar, conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil, nuevos programas y acciones preventivas del delito que involucren de manera preponderante la participación ciudadana en todos las regiones y municipios del estado.  

 

Salud. 

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