La Colorada, entre la justicia y la legalidad

Redacción /    2018-04-16
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Mientras el Juzgado Tercero de Distrito dictara una suspensión provisional para prohibirle a la empresa minera la utilización de explosivos que por años han dañado las estructuras de varias viviendas de esta localidad asentada a 45 kilómetros al suroriente de Hermosillo, más de 5 mil empleos desaparecerán lo que frenará el desarrollo de esta comunidad minera… 


La Colorada, Sonora (DP).- Una demanda interpuesta por un grupo de habitantes de La Colorada por afectaciones a la salud y viviendas provocadas por las “voladuras” que se realizan en la mina que opera la compañía Pitalla S.A. de C.V., mantiene a los pobladores en medio de la ambigüedad entre la justicia y la legalidad.

 

Mientras el Juzgado Tercero de Distrito dictara una suspensión provisional para prohibirle a la empresa minera la utilización de explosivos que por años han dañado las estructuras de varias viviendas de esta localidad asentada a 45 kilómetros al suroriente de Hermosillo, más de 5 mil empleos desaparecerán lo que frenará el desarrollo de esta comunidad minera.

 

El abogado de los afectados, Martín Oswaldo Contreras Acuña, precisa que Juzgado Tercero de Distrito ordenó a la compañía Pitalla S.A. de C.V. suspender las explosiones hasta que se dicte sentencia definitiva en este proceso integrado en el Expediente 336/2018 donde el juez exige no más detonaciones.

 

Los inconformes interpusieron una demanda de juicio de amparo contra el llamado “Permiso de compra almacenamiento y consumo de material explosivo de la industria minera”, que regula la Dirección General del Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos, órgano que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

 

El litigante afirma que la compañía minera se encuentra imposibilitada para utilizar explosivos que provocan las llamadas “voladuras”, grandes columnas de polvo, tierra y materiales que se desprenden de los cerros donde se dinamita para extraer oro, cobre, plata, grafito y otros.

 

Este lunes, variar cámaras y organizaciones mineras llamaron al Juzgado Tercero de Distrito a reflexionar sobre la decisión de mantener la operación de una compañía socialmente responsable, que genera empleos y que cumple con su función empresarial de ser generadora de riqueza y bienestar social.

 

De lo contrario, si su decisión ratifica la suspensión o bien alarga el proceso de respuesta definitiva,  dará paso a lo que seguramente sería un prolongado pleito jurídico, el cese mientras tanto de las operaciones de Minera Pitalla y consecuentemente de la pérdida  del trabajo.

 

Por ello, hacen un llamado a la reflexión, al análisis jurídico sí, pero considerando los elementos que por años han permitido operar a esta unidad minera como muchas más que operan en Sonora de forma profesional siendo líderes en este sector a nivel nacional.

 

El llamado es para hacer valer la ley y hacernos confiar en ella, pues finalmente su espíritu es el bien común y eso es lo que queremos para nuestro estado minero: un ambiente de prosperidad, paz y desarrollo integral.

 

Además, esperan que la resolución asegure el estado de derecho y las garantías que fueron previamente otorgadas a la Minera Pitalla, con las respectivas actividades y procesos inherentes a su explotación.

 

Exponen que hoy por hoy, esas garantías que en su momento fueron otorgadas legítimamente, no pueden ser menoscabadas por intereses de terceros que posterior a la operación se sienten afectados y que comprometen el interés general de la comunidad de La Colorada y –por sus implicaciones- de toda la comunidad industrial de Sonora y el país.

 

Piden también a las autoridades del Estado y del Gobierno Federal -como Poder Ejecutivo- y al Poder Judicial que cumplan con su función de evitar problemas sociales y nos demuestren que tenemos instituciones confiables.


Fuente: Dossier Politico

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