Morena-INE: La guerra del Fideicomiso

Redacción /    2018-07-30
Publicar en:  

La formación de un fideicomiso para ayudar a los damnificados del 19 de septiembre desató un escándalo mediático que, además, se tradujo en una multa millonaria para Morena. Algunos consejeros electorales acusaron a ese instituto político de ser titular del instrumento financiero y pusieron en duda el origen y destino del dinero que manejó. El administrador de ese instrumento ofrece su versión a Proceso y la respalda con documentos mediante los cuales busca demostrar que el partido que llevó a López Obrador a la Presidencia no tiene ninguna vinculación con el fideicomiso. A su vez, la parte acusadora expone a este semanario por qué insiste en los señalamientos contra Morena.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La mañana del martes 24 el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, convocó inesperadamente a la Mesa de Consejeros. Habían transcurrido cinco días de enfrentamientos verbales entre integrantes del organismo y Andrés Manuel López Obrador, motivados por la multa de 197 millones de pesos impuesta a Morena, presuntamente por haber cometido “fraude a la ley”. Urgía parar el problema.

Visiblemente preocupado, Córdova soltó a sus compañeros: “Por el bien del país, a nadie le conviene que sigamos en la lógica de dimes y diretes”; luego les informó que leería ante los medios un boletín para rechazar que detrás de la sanción generada por la formación del fideicomiso para ayuda a los damnificados del sismo hubiera alguna motivación política.

Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización y quien había sido el más activo en desgranar las violaciones en las que, según el INE, incurrió Morena, dijo que a nadie le conviene tener “el rencor de AMLO” o que “personalice” el diferendo.

De acuerdo con algunos de los consejeros presentes, Murayama expresó que era necesario darle la vuelta al tema; ofreció, de su parte, no dar más entrevistas.

La estrategia dio resultado. El escándalo mediático se despresurizó.

Sin embargo, sobre el papel oficial quedó la sanción a Morena por 197 millones de pesos, los señalamientos de que formó un fideicomiso para cometer “fraude a la ley”, que creó un financiamiento paralelo al partido y que no informó del origen y destino de por lo menos 40 millones de pesos.

Incluso Murayama sostuvo en medios electrónicos que la dirección de Morena y la del fideicomiso era la misma, prueba irrefutable para ellos de que había un vínculo entre el partido y el fideicomiso y que por lo tanto eran lo mismo.

Pero no es así. Lo cierto es que en los contratos de “fideicomitentes adherentes”, una decena de ellos dio la dirección de Morena, pero sólo para “ser notificados”.

En entrevista, Pedro Miguel, administrador del fideicomiso, sostiene que la dirección es claramente distinta y que la ofrecida por los adherentes no es jurídicamente la del contrato.

Para sostener su dicho presenta pruebas documentales: el contrato del fideicomiso constituido en Banca Afirme, que establece en su página 13 la dirección “Prado Sur 435, Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo”, como domicilio del fideicomitente y del comité técnico.

También hizo referencia a las llamadas cédulas que todo banco elabora y que se llaman “conoce a tu cliente”, donde se encuentran los datos de quienes depositaron dinero al fideicomiso y quienes estaban autorizados para hacer retiros.

Del otro lado, el INE presentó un dictamen de 173 páginas en el que asegura que de los 78.8 millones de pesos del fideicomiso, 44.4 millones ingresaron a través de depósitos en efectivo y que en algunos casos “no se acreditó el destino final de los recursos”.

En entrevista, el consejero del INE José Roberto Ruiz Saldaña, el único que votó contra la sanción por no encontrar elementos documentales fehacientes de que se cometió fraude a la ley, dice que pudieron haber existido “travesuras” en el proceso de investigación. Menciona, por ejemplo, la filtración del dictamen a los medios dos semanas antes de la jornada electoral.

Y aunque evita decir si había alguna intención de afectar política y electoralmente al candidato puntero, Proceso obtuvo por separado un documento, fechado el 29 de junio, donde se exigía al presidente de la Comisión de Fiscalización que de manera “extraordinaria y urgente” se votara el dictamen para someterlo de inmediato al consejo del INE.

El documento está firmado por los consejeros Marco Antonio Baños Martínez y Adriana M. Favela Herrera, quienes pedían, dos días antes de la elección presidencial, que se votara, pues según ellos se había respetado el derecho de audiencia de los involucrados y estaban agotadas “las fases del debido proceso”.

Opiniones sobre ésta nota
Envía tus comentarios