Una colaboración de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos Sección Guaymas (ANAD-Guaymas) Comisión de Comunicación SocialJosé Antonio Barragán León

Rectoría del Estado, seguridad jurídica y pandemia    

Especial /    2020-03-26
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El coronavirus se ha convertido en poco tiempo en la amenaza global más peligrosa y trascendente posterior a la segunda guerra mundial.

 

Lo inédito de la pandemia que asola al mundo entero ha orillado a diversas reacciones de los gobiernos de los países afectados por la infección por ser un tema de vida o muerte y el salvar vidas es la prioridad más urgente, de lo que dependerá lo efectivo de las estrategias y políticas públicas desplegadas por sus sistemas de salud y el apoyo social y comprensión que sean capaces de granjearse por parte de sus poblaciones ante las medidas sanitarias implementadas para su protección y el impacto psicológico por el estrés, la soledad, la inseguridad, el miedo y la ansiedad que provocan el aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre de escuelas y centros de trabajo.

 

Entre las prioridades que parecen imponerse para sortear la emergencia y aún para después reconstruir sus naciones, una vez alejado el peligro son la conservación de la fuentes de empleo, mantener la certidumbre frente a la inversión y los ingresos de su clase productiva o laboral, indudablemente afectadas por la cuarentena y el cierre de espacios públicos y privados, incluyendo empresas. 

 

Proteger a las personas y limitar el daño económico, es la estrategia de muchos gobiernos y quien mejor combine esa ecuación lo verá en los resultados.  A esto habría que añadir el fortalecimiento de las redes de seguridad social, del gasto en salud y apoyar al sector privado.

 

En países como Estados Unidos, Canadá, Brasil e incluso México, hay resistencia a recurrir al cierre masivo de negocios para evitar los contagios al anteponer una serie de políticas para conservar sus economías y eso ha limitado en nuestro país el enfoque de su estrategia sanitaria para paliar el coronavirus, cuestión que conlleva una enfoque meramente científico y de salud pública y en donde los programas de sana distancia funcionan para aplanar la curva de contagio, pero cuyo impacto económico, en el comercio, el empleo y el bienestar es indudable. 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pandemia podría generar la pérdida de 25 millones de puestos de trabajo a nivel mundial y en algunas economías de mercado como la estadounidense, el colapso de prevé para el segundo trimestre de este año.

 

Naciones como China, India, España e Italia, han optado por una estrategia drástica de cuarentena total.

 

Al Estado Mexicano, como rector del desarrollo nacional, una función que le asigna el artículo 25 Constitucional, le corresponde tomar las medidas para conservar la planta productiva a pesar de la complejidad de la situación y mantener el ritmo de crecimiento sostenible de la economía ante la segura recesión que se avecina y que las potencias mundiales dan como un hecho, de ahí que aquellos países que no asumieron su responsabilidad para frenar la pandemia desde sus manifestaciones iniciales se verán golpeadas en mayor escala, tal vez al nivel de Italia y España y solo les queda a través de políticas públicas enfrentar el problema que se antoja monumental y que impone la crisis de oferta, a la vuelta de la esquina, peor a la financiera de hace doce años, con recesión y pérdida de empleos y  provocada por el aislamiento que provoca un bajón del consumo y ante la que los gobiernos se ven muy limitados y optan  mejor en fortalecer sus sistemas de salud y de abasto de medicinas y convocar a no salir de casa y a la cooperación.

 

Conservación de las empresas, asunto de interés público

 

Siendo la conservación de las empresas un asunto de interés público, corresponde al gobierno llevar a cabo planes emergentes con tal objetivo. 

 

El presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky, comentó que “en la capital las pérdidas económicas suman cuatro mil 189 millones de pesos y se han ido incrementando día con día” y que entre el 20 y el 22 de marzo las pérdidas ascendieron a mil 908 millones de pesos, el pasado lunes, cuando entraron en vigor las medidas de cierre de cines y otros centros de entretenimiento, las pérdidas ascendieron a mil 131 millones de pesos.

 

Según el dirigente empresarial las pérdidas más significativas se registran en los giros restauranteros con 68 por ciento; los centros nocturnos, bares, cantinas y similares con 100 por ciento y el hotelero con 82 por ciento, perfumería y joyas registran pérdidas de 53 por ciento, el sector automotriz 45 por ciento, papelerías 35 por ciento; ropa y calzado 25 por ciento; ferreterías y tlapalerías 22 por ciento; tiendas departamentales 21 por ciento y abarrotes 4 por ciento. Lo anterior nos da una idea del impacto económico de las medidas sanitarias y el temor generado por la pandemia en población consumidora.

Ante ese negro panorama, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino, anunció un plan integral de apoyos para atenuar el impacto generado por la crisis sanitaria en la Ciudad de México, en el que se prevé destinar 800 millones de pesos para el fortalecimiento de la economía familiar y las microempresas. En otras entidades los gobiernos locales promueven diferentes acciones de apoyo a sus poblaciones ante la emergencia.

 

Por su parte la COPARMEX presentó un decálogo al gobierno federal en donde para el caso de que se prolongue la emergencia se proteja la economía, en donde se propone la asignación de un ingreso de sobrevivencia para los trabajadores en donde el Gobierno haga una aportación equivalente al menos al 50 por ciento de los sueldos y complementada por las empresas, según sus capacidades y se autorice una ampliación de los plazos de cumplimiento de los impuestos, fijado para el 31 de marzo, para asegurar los sueldos de los trabajadores antes de cubrir las contribuciones. Entre otras “medidas urgentes” para evitar la disminución de la inversión, apoyar a las Pymes y preservar los empleos, el organismo empresarial enlistó anunciar un plan de inversiones del sector privado en el sector energético, preservar el empleo, acelerar los pagos pendientes a los proveedores de productos y servicios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos, así como apresurar la devoluciones pendiente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las empresas y conformar además un equipo tripartita para analizar el impacto económico, hacer la deducción inmediata de las inversiones que las impresas realicen en 2020.

 

Los hombres de empresa solicitaron evitar las amenazas de cambios a las normas para las empresas y consultas populares para “inversiones ya realizadas” y activar programas especiales de garantías para fortalecer a los sectores más afectados.

En México, se hará presente su estructura social derivada de la injusta distribución de la riqueza, las tasas de desempleo y subempleo y los desequilibrios del ingreso, concentrado en una pequeña parte de la población, lo cual deberá tomarse en cuenta para sortear con éxito el desafío a la salud pública, pues 46.4 millones de personas que trabajan en la economía informal, son un vasto sector que se verá afectado de prolongarse en demasía las medidas tomadas en la fase 2 de la contingencia, habida cuenta que los hábitos de consumo de amplias capas de la población como son la compra de comida chatarra en un país taquero por excelencia como es el nuestro con segmentos que padecen de obesidad y diabetes vulnerables ante al Covid 19 y en donde mueren al año 40 mil mexicanos por el consumo de bebidas azucaradas y a la adquisición de mercaderías en tianguis y en el comercio informal.

 

Hemos hecho notar, que para estos casos extraordinarios de una contingencia por enfermedad los patrones están obligados a suspender labores (artículo 427, fracción  VII de la Ley Federal del Trabajo) y cubrir como indemnización un salario mínimo a sus trabajadores por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes, tal como establece en su artículo 429, fracción IV. Esa indemnización es un ingreso concedido al trabajador para sobrevivir en tiempos de contingencias y si esta se prolonga más allá del plazo establecido, autoridades y empresarios, habrán de fijar el rumbo a tomar en un escenario económico tendiente a complicarse y se tendrá que recurrir a aquellos pactos de Solidaridad Económica tan  frecuentados en los gobiernos neoliberales, tal vez con otras denominaciones. 

 

Por su parte el artículo 432 del Código Laboral, establece que el patrón deberá de anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación de los trabajos suspendidos, dando aviso al sindicato o haciendo llamados a los trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decretada por la autoridad sanitaria competente por los medios adecuados a juicio de la autoridad laboral.

 

 

Políticas públicas en la emergencia

 

Frank Snowden, autor del libro "Epidemias y sociedad: de la peste negra al presente" y maestro emérito de historia e historia de la medicina en la Universidad de Yale, quien se encuentra en Italia, en confinamiento pero libre del coronavirus, ha sostenido que “la libertad ha sido a menudo víctima de las pandemias” y agrega que “las epidemias son uno de los grandes factores en la historia humana, uno de los que más nos dicen acerca de quiénes somos como seres humanos, en términos de nuestras creencias, nuestras prioridades morales y nuestras capacidades para actuar colectivamente”. “Una de las cosas que alimenta esta enfermedad es la globalización completa”, afirmó el historiador en referencia al Covid-19, quien añade: “Y la característica de esta pandemia es, claro, que no existe ningún método efectivo de prevención o tratamiento. No hay vacuna, ni remedio específico para la enfermedad. Así, la única forma de contenerla es mediante un distanciamiento social, con la búsqueda de casos, pruebas, aislamiento de enfermos y cuarentena para sus contactos. Esas medidas deben ser vigorosas porque son las únicas protecciones reales que tenemos esta vez y la única forma conocida de contener la enfermedad”.

 

En cuanto a medidas para combatir el desafío epidémico, que debe hacerse en forma racional y científica, el especialista menciona: “Recién en los últimos días en EE.UU. la gente se dio cuenta cuenta de que es una crisis muy grave. Empeoró por la respuesta gubernamental tan fragmentada, porque cada autoridad decidía algo diferente. Hubo un vacío de liderazgo. No puedes esperar que las personas colaboren si no saben lo que sucede.

En Italia, desde los primeros días las autoridades informaban al público que esto era muy grave, que se necesitaban medidas severas, que no terminaría pronto, que la supervivencia de todos dependía de que las personas colaboraran con el distanciamiento social.

El ejemplo chino es diferente, porque es una mezcla de coerción desde el principio y luego, a medida que avanzaba la enfermedad, el gobierno chino en cierto modo imita a los regímenes democráticos al declarar que se trataba de una guerra popular contra un enemigo, y que la plena colaboración de la población sería necesaria para derrotarlo”.

 

En México, el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación este 24 de marzo y que establece una serie de medidas preventivas para mitigar y controlar los riesgos por la epidemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) dictados por la Secretaría de Salud, refiere decretó evitar la asistencia a los centro de trabajo a los adultos mayores de 65 años  o más y a las personas con riesgos de desarrollar dicha enfermedad o a morir a causa de ella y quienes gozarán de permiso con goce de sueldo. En el sector privado definió que seguirán laborando las empresas, negocios y establecimientos mercantiles que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia entre los que enuncia a hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones,  y medios de comunicación, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. La “Jornada Nacional de Sana Distancia”, comprende las medidas preventivas de intervención comunitaria tomadas para evitar los riesgos a la salud.

 

En Sonora, en el Decreto de Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 25 de marzo de 2020, se fijan como ejes rectores de prevención, control, combate y erradicación de la enfermedad, la ejecución de la estrategia integral “Quédate en Casa” y “Distanciamiento Social”, garantizar la prestación de servicios públicos esenciales, se establecen programas alimentarios para beneficio de quienes se encuentren en extrema vulnerabilidad, trámites de servicios del gobierno desde los hogares y otras más tendientes a la recuperación económica una vez pasada la contingencia, así como  medidas de apoyo a la población y la aplicación de sanciones a quien se oponga, resista o dificulte las medidas a implementar, ello en términos del artículo 286 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora.

 

En nuestro país el 80% del empleo es generado por pequeñas y medianas empresas, un dato nada menor, cuando el 20% de estas están en riesgo de no sobrevivir en la coyuntura sanitaria.

 

De no incluirse a las empresas, sus trabajadores y los ciudadanos en planes iniciales de ayuda a la par de las declaratorias de emergencia que se están decretando, como parece ser el caso, será menester acudir a otras diversas instancias en búsqueda de protección y garantía de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, para las personas físicas y morales.

 

Estos planes emergentes, que en otros países van desde la interrupción de pago de servicios públicos (luz, agua, etc.), otorgamientos de líneas de crédito extraordinarias con bajas tasas de interés, diferimiento de obligaciones fiscales ante la caída de los ingresos, entre otras.

 

Por iniciativa propia, diversas firmas empresariales han emprendido acciones de apoyo a sus trabajadores durante su confinamiento y alentado medidas para impedir un frenón en la actividad económica, como el diferir cobros por servicios financieros por parte de instituciones bancarias, servicios de entregas a domicilios, por citar algunas de estas facilidades.

 

El INFONAVIT anunció un paquete de acciones de apoyo para proteger la solvencia financiera de los trabajadores y de colaboración con la base productiva, principalmente las pequeñas y medianas empresas  para que logren transitar la adversidad y que representa un monto de 19, 326 millones de pesos y que incluyen cubrir hasta tres mensualidades a los derechohabientes que pierdan su trabajo y prórrogas de pago de hasta seis meses, sin cargos moratorios.

 

Justicia en cuarentena

 

Desde el 17 de marzo las diferentes instancias del Poder Judicial, federal y locales, decidieron ponerse a resguardo en cuarentena.

 

La emergencia tomó al poder judicial federal en plena reorganización interna, la cual encabeza el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y si bien hasta ahora el poder ejecutivo en sus diversos órdenes federal, estatal y municipal- han llevado el peso de las tomas de decisiones para paliar la propagación del Covid 19, el Poder Judicial, a pesar de lo inédito de la coyuntura deberá de entrar en acción para garantizar el principio de seguridad jurídica que contempla el orden constitucional en caso de desbordamiento o de tentaciones autoritarias que pongan en riesgo la estabilidad política, social o económica de la República por acción o por omisión de gobiernos y gobernados.

 

Si como es sabido a las autoridades del sector salud corresponde decretar la alerta sanitaria, misma que no requiere la aprobación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para que sea decretada la suspensión de labores, periodo en que el trabajador podrá disfrutar de sus prestaciones sin perder su puesto o cargo, la tardanza de dicho mandamiento fue aprovechado por algunos patrones para despedir a sus trabajadores, cerrar sus empresas o presionar a sus empleados con liquidaciones mínimas o a ser cubiertas a plazos prolongados, esto propiciado por la cuarentena y cese de servicios en que entró la autoridad laboral de muchos lugares.

 

Por el lado empresarial no se descarta ante el riesgo de caer buen número de negocios en quiebra o en el incumplimiento de pagos a recurrir a rutas de defensa a través figuras legales como el de concurso mercantil que por sus efectos paraliza los intereses ordinarios y moratorios, frena a los acreedores de embargos y les permite a sus dueños celebrar negociaciones flexibles de sus adeudos y mantener la administración de sus empresas, en tanto pasa la contingencia. Es la Ley de Concursos Mercantiles, la que regula el procedimiento en caso de que un comerciante caiga en insolvencia y señala las ventajas aprovechables por este para salvar su negocio.

 

En el escenario ciudadano, aunque en una contingencia sanitaria se da de hecho y por sus implicaciones jurídicas, de ahí la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, de las medidas sanitarias tomadas en los ámbitos nacional y estatal, por los valores y derechos en conflicto o en juego, una suspensión de algunas garantías individuales como es la restricción a la libertad de tránsito  y de reunión de las personas, así como de ciertos derechos sociales, para facilitar a las autoridades enfrentar la pandemia, existen a la mano diversos instrumentos del derecho internacional y nacional para una defensa adecuada de sus intereses legítimos que pudieran resultar afectados durante la contingencia.

 

Desde el enfoque del mercado, si como se ha descrito la actual crisis es de oferta y no de demanda como las otras anteriores, con la consiguiente caída de ventas y por ende de ingresos y el cierre temporal o definitivo de empresas, la protección de los consumidores es pertinente ante la avaricia de quienes pretendan aprovechar el escenario que dejó las compras de pánico de hace algunos días previos a la entrada en vigor de la cuarentena para encarecer productos prioritarios y demandados, razón por la cual las acciones de supervisión por parte de instituciones como la PROFECO, resultan necesarias durante la contigencia para frenar la monopolización de mercancías, su ocultamiento o el aumento desmedido de precios y garantizar su distribución y consumo. 

 

El gasolinazo de principios de 2017, en el que se incrementaron los precios de los combustibles, dejó una gran experiencia entre los consumidores, quienes recurrieron a la vía del amparo para atacar tal medida, por violaciones al sistema democrático previsto en el artículo 3o. Constitucional y el derecho al consumo de los mexicanos. El poder presidencial que entonces dominaba a la judicatura, impidió el ejercicio de los derechos contemplados en la reforma de derechos humanos de 2011.

 

 

Derechos humanos y contingencia sanitaria

 

En todo este panorama, que impone retos nunca antes concebidos para una República como la nuestra, con una institucionalidad endeble y una cultura jurídica en pañales, es de destacarse el interés de todos por transitar la contingencia sanitaria poniendo a salvo principios elementales para la convivencia como lo es el principio de seguridad jurídica, entendido este como la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad; si ésta debe afectarlos, deberá ajustarse a los procedimientos establecidos previamente en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias.

 

Algo a considerar en la presente contingencia es que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y sobre todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos.

 

Muy importante a este respecto fue la resolución adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, a propósito del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al caso Rosendo Radilla, en la que determinó que el Poder Judicial de la Federación debe ejercer control de convencionalidad ex officio entre normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que dicha obligación es para todos los jueces del Estado mexicano, pues asimismo estableció la facultad de todos los jueces de inaplicar normas contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, algo que en el caso de las declaratorias de medidas preventivas publicadas por las autoridades federales como estatales con el propósito de combatir al Covid 19 debe ser cuidado a pulcritud para no afectar más allá de lo previsto en la ley a la colectividad, de por sí mermada física y psicológicamente por los estragos de la epidemia, que entre otros aspectos pone a prueba la legitimidad democrática de nuestros gobernantes, la cual se juegan al ejercer el poder conseguido en las urnas en 2015 y el año pasado.

 

 

 

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