SONORA Y LA REFORMA ELECTORAL 2020

Bulmaro Pacheco Moreno /    2020-05-24
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No tiene desperdicio el desplegado a plana entera en la prensa estatal
firmado por Ramón Flores Robles, vocero del Partido del Trabajo en
Sonora, el sábado 23 de mayo.

A mi juicio, dicho documento marca un antes y un después en la
integración de la antes invencible bancada de la alianza Morena-PES-PT
de 21 diputados locales que llegó al Congreso de Sonora arropada por la
candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

Ha sido una alianza que desde el principio marcó un derrotero de crisis y
fracturas que no pudieron atender: Los enfrentamientos de Morena con el
PES y el PT por el frustrado agandalle de cargos en la estructura del
Congreso, la salida de Jaime Moreno Berry de la dirigencia estatal del PT,
la destitución del coordinador del PT en el Congreso local, el mal atendido
conflicto de Bácum, junto a las tensiones con el legislador Luis Armando
Colosio Muñoz y con la mayoría de diputados del PES, fracturaron de
origen, una coalición a la que le duró muy poco el sabor del triunfo.

Flores Robles sintetiza la postura del Partido del Trabajo en torno a la
discusión del proyecto de reforma de más de 70 artículos de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora
(LIPEES) dice: “Fiel al mandato popular que nos ha dado la gente en las
pasadas elecciones, las distintas fuerzas políticas representadas en el
Congreso del Estado se han puesto a analizar desde hace casi 6 semanas
el paquete de reformas teniendo claro siempre como horizonte y referente
el mandato popular. El Partido del Trabajo ha decidido apoyar estas
modificaciones que beneficiarán al electorado”.

El proyecto de reforma avanza con algunos pendientes que quedaron y
homologa la legislación electoral de Sonora con las disposiciones
normativas en lo nacional, a excepción del tema controvertido relativo a los
partidos de nueva creación y sus posibilidades de alianzas.

Por ejemplo: La reforma resuelve la preocupación de los candidatos
independientes, que les limitaba la participación de más de un candidato
aunque varios hubieran cumplido con los requisitos. Como está la ley en
su artículo 26 entra en contradicción con la legislación federal respectiva, y
en el proyecto queda de la siguiente manera: “No habrá límite en el
número de candidatos independientes que podrán registrarse para cada
uno de los cargos a elegir en cada proceso electoral”. Recordemos que en
el proceso pasado se generó controversia cuando dos aspirantes a
independientes cumplieron con los requisitos para la municipal de
Hermosillo y solo a uno se le permitió registrar su candidatura.

La reforma reduce los tiempos de precampañas (art. 182) “Para
precandidatos a gobernador podrán realizarse durante los 20 días
anteriores al inicio del registro de candidaturas para para la elección
correspondiente”, y de campañas (224) “para gobernador del Estado
iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral”. En la ley actual
se advierten 93 días para la campaña de gobernador.

Profundiza en los asuntos de género y de violencia política contra las
mujeres. Amplía la redistribución de funciones en el Instituto Estatal
Electoral, pasando de lo unipersonal a lo colegiado y con la participación
de los partidos. Se autoriza la fotografía en la boleta electoral para los
candidatos a gobernador y diputados locales (art. 6 ) “En caso de haber
obtenido su registro como candidato al cargo de gobernador o diputado
propietario, aparecer en la boleta con su nombre completo, fotografía a
color y/o apodo, sobrenombre o acrónimo”.

En relación al proyecto de reforma cuyo dictamen fue aprobado en
comisiones el pasado viernes 22 de mayo, ha prevalecido un debate más
politizado e ideológico que técnico, lo que revela, más diferencias político
partidistas que de ideas concretas sobre los temas de la reforma.

Han sobrado los calificativos contra personas y partidos, sin un análisis
profesional, riguroso, serio y minucioso de tipo de técnica jurídica y política
sobre la nueva legislación electoral que se pretende.

Originalmente el proyecto planteaba la posibilidad de celebrar una
“segunda vuelta”, en la elección de gobernador, para aplicarse en el
próximo proceso electoral. Todo un despropósito en un tema que debería
haberse discutido ampliamente y que obligaba a la necesaria revisión de
las disposiciones de la Carta Magna en la materia.Por fortuna al
escucharse voces disidentes del proyecto original, ese tema se eliminó.

El proyecto también contempla la posibilidad de que los partidos de nueva
creación pueda realizar alianzas. Dice el artículo 99: “Para fine electorales,
los partidos político incluyendo los de nuevo registro, podrán formar
coaliciones para postular los mismos candidatos siempre que cumplan los
requisitos establecidos en la ley”. Y en el 99 bis: “Los partidos de nueva
creación tendrán derecho a postular candidaturas comunes para los
cargos señalados en el primer párrafo de éste artículo” (gobernador,
diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos).

De aprobarse el proyecto así, se contradice el numeral 4 del artículo 85 de
la Ley General de Partidos Políticos que a la sazón establece: “Los
partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o
fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera
elección federal o local inmediata posterior a su registro según
corresponda”.

Todas las reformas a las leyes electorales provocan controversias y no
generan unanimidad a menos que se trate de una ampliación de derechos.

El tiempo para realizar reformas a las leyes electorales tiene un tope
establecido en el inciso i, tercer párrafo, del artículo 105 de la Constitución
Federal que establece: “Las leyes electorales federal y locales deberán
promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el
proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá
haber modificaciones legales fundamentales”.

La ley electoral de Sonora establece que el proceso electoral ordinario se
inicia en el mes de septiembre del año previo al de la elección (159
LIPEE).

También que las elecciones ordinarias “se celebrarán el primer domingo de
junio (día 6) del año que corresponda, en los términos señalados por la
Constitución Federal y la Constitución Local” (162 LIPEE).

Para futuras reformas, quedarán algunos pendientes. Esos temas que
cada tres años han sido un dolor de cabeza frecuente para partidos,
autoridades electorales y candidatos y a los que al parecer no se les
encuentra todavía la cuadratura por más avanzadas que estén las
instituciones electorales: La compra de votos (o el reparto clientelar de
dinero), el dinero sucio en las campañas (de los que buscan domesticar
candidatos e influir sobre los poderes) y el recurrente vicio de gobiernos y
partidos de tratar de sujetar a los organismos electorales en función del
interés del corto plazo (ahora que viene la sustitución de consejeros en el
INE por ejemplo). Quedan esos pendientes, por ahora, pero hay que seguir
impulsando reformas para consolidar modernidad y credibilidad. La
reforma que se propone ahora en Sonora que ha generado debates y
algunas diferencias entre actores políticos, tiene futuro si se suman los 17
votos que se requieren. Nada más.

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