Entre lo histórico y lo inédito, lo nostálgico y lo amnésico

Arturo Soto Munguia /    2020-08-07
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Los chavorrucos que estuvieron cerca, o participando activamente en movimientos sociales (campesinos, estudiantiles, sindicales, populares) habrán de recordar con claridad los acalorados debates del asambleísmo democrático y muy ‘rollero’, donde en no pocas ocasiones se suscitaban las situaciones más bizarras.

 

Cuando en medio del conflicto se perfilaba la ruta de solución, que invariablemente pasaba por una mesa de negociación con las autoridades gubernamentales, la ruta crítica era el nombramiento de una comisión.

 

La diversidad de opiniones, corrientes, grupos y posiciones hacían que aquello adquiriera tintes sanguinarios. Los millenials, y mucho menos los centenialls no creerán que hubo ocasiones en que el debate se empantanaba tanto, que había que integrar una comisión para que nombrara a la otra comisión.

 

Era una ‘comisionadera’ de la chingada.

 

Casi siempre aquello terminaba en nada, o en el peor de los casos en acuerdos no consensuados que provocaban el enojo de la base, que optaba por retirarse derrotada pero digna al grito de “¡Nos han vendido/pero no nos han vencido!”.

 

Luego los comisionados aparecían en algún cargo de gobierno, becados en el extranjero, como dirigentes de partidos o como candidatos.

 

Eran historias muy bonitas que entre otras cosas fueron articulando un manual para patear hasta el infinito el bote de las luchas reivindicativas.

 

Viene a cuento esta breve digresión a propósito de lo sucedido ayer en la comunila de Vícam. El largo ceremonial yaqui para el encuentro de sus autoridades tradicionales con representantes del gobierno yori concluyó predeciblemente con la promesa de formar una comisión para abordar temáticamente las demandas de la etnia: primero las relacionadas con la tierra y el agua; después las relacionadas con los programas de bienestar.

 

Recordará, la indigenista lectora, el etnocentrista lector que en despachos anteriores anticipamos que en el encuentro de Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores yaquis, éstos volverían a sacar un voluminoso expediente de hojas enmicadas para que no las carcoma el tiempo (si se permite la hipérbole). Así pasó.

 

Luego lo leyeron en su lengua y ‘la castilla’ mientras los funcionarios apuntaban todo diligentemente y el presidente aguantaba escurriendo sudor y observando discretamente su reloj de vez en vez, bajo la resolana que hace reverberar el verano en la nación Cahíta y soportando el viento quemante bajo la ramada tradicional.

 

Hay que decir que esta vez, los yaquis fueron condescendientes y omitieron leer varios decretos presidenciales de la primera mitad del siglo pasado, algo que dura horas y no le han perdonado a otros funcionarios gubernamentales, lo que habla de su buena disposición y mejor relación con el actual presidente que, recordaron, los ha visitado en tres ocasiones anteriores: en 2017 como pre  candidato, en 2018 como candidato y en 2019 como presidente.

 

Al menos de esa parte de la tribu fue amable con López Obrador, porque en Loma de Guamúchil, otra parte mantenía en esos momentos un bloqueo total de la carretera federal 15 exigiendo la suspensión del acueducto independencia y la solución a otras demandas. El presidente tuvo que viajar por brechas para rodear el bloqueo, según unas versiones. Otras dicen que viajó en helicóptero, aunque esta es menos creíble, habida cuenta la aversión presidencial por ese tipo de naves.

 

El punto es que después de un par de horas de la puesta en escena de una especie de sketch ya muy visto en el que los yaquis leen sus demandas, los funcionarios dicen que están de acuerdo, que es hora de hacerles justicia y que llegó la hora de reivindicarse con la etnia, se integró una inédita e histórica comisión presidida por el mismísimo López Obrador y en la que participan los titulares de Sedatu, Bienestar, INPI, Segob y CNA.

 

Ojalá los trabajos de esta comisión ahora sí lleguen a buen puerto, pero hay razones para suponer que la historia se repita. Avanzarán en los temas no prioritarios como obra pública en las comunidades: agua potable, drenaje, energía eléctrica, clínicas y escuelas, que tienen fecha de cumplimiento para mediados del año próximo.

 

Decir que no son prioritarios es un eufemismo para diferenciarlos de las demandas históricas relacionadas con la tenencia de la tierra, los deslindes de la nación yaqui, los derechos de la tribu sobre el agua de la cuenca del Río Yaqui y el pago del paso de servidumbre, entre otras.

 

La intervención del titular de Sedatu, Román Meyer Falcón en el sentido de que están elaborando un diagnóstico sobre estos temas, particularmente sobre el deslinde del territorio en La Cuchilla es un tanto desalentadora. Tienen casi dos años de gobierno y conocimiento del tema desde antes de llegar a Palacio Nacional, y apenas están haciendo un diagnóstico, como si nada se hubiera hecho antes al respecto.

 

Hacer un diagnóstico y crear una comisión son cosas que se parecen mucho en términos de utilidad y resultados.

 

En palabras del propio presidente, primero hay que conocer la situación legal de esas tierras, acreditar la propiedad de quienes las ocupan y para qué se utilizan. Diría que se llevarán una sorpresa, pero no es así, porque todo eso ya lo saben.

 

Los yaquis han otorgado un nuevo voto de confianza al actual gobierno federal y es justo hacer lo propio. Ojalá se resuelvan las ancestrales demandas indígenas, la justicia llegue y el progreso los incluya.

 

Una presencia notable en la ramada, aunque nunca habló, fue la de Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc y nieto del general que le heredó su nombre y que es, a no dudarlo, la figura yori más icónica entre los yoremes.

 

El dato es importante porque a Batel se le considera no sólo una de las voces que más escucha el presidente, sino como un hombre de todas sus confianzas y al que, como su coordinador de asesores le encarga temas verdaderamente importantes.

 

La Comisión de Justicia para los Pueblos Yaquis será presidida por López Obrador y su suplente será el director de INPI, Adelfo Regino. En ella participarán los titulares de Sedatu, Conagua, secretaría del Bienestar y Segob.

 

II

 

Antes del encuentro con los yaquis, el presidente ofreció su habitual conferencia de prensa en las instalaciones de la zona militar de Ciudad Obregón. Ahí estuvo acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño; el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal y mandos militares.

 

Salvo el refrendo de la coordinación con el gobierno estatal para fortalecer las tareas de seguridad pública, la mañanera tuvo poca ‘carnita’. El presidente reconoció que en Sonora todos los delitos, excepto el de homicidio doloso van a la baja, y llamó a no bajar la guardia en este tema.

 

Los que esperaban un lucimiento de Alfonso Durazo en vísperas del arranque formal de su precampaña, se quedaron con las ganas. El secretario mantuvo un bajo perfil y si acaso se notó fue por una pregunta milimétricamente dirigida para que el presidente le diera, inopinadamente, una cachetada con guante blanco a su secretario de seguridad.

 

El colega y amigo Luis Alberto Medina le preguntó a López Obrador sobre las acusaciones de corrupción contra Ana Gabriela Guevara y la respuesta del presidente debió calar hondo en el ánimo de Durazo.

 

Dijo que no habría impunidad para nadie, pero tampoco prejuzgaría a nadie. Y ubicó los señalamientos contra la ex velocista nogalense como parte de las guerras intestinas previas a las campañas electorales.

 

Ana Gabriela, como se sabe, es una de las mujeres a las que el presidente tiene más afecto, y aparece en las encuestas como uno de los cuadros electoralmente más competitivo de Morena (aunque milite en el PT) rumbo a la gubernatura del estado.

 

El otro, que encabeza todas las encuestas es Durazo. Con su gran olfato periodístico, Luis Alberto Medina hizo que el presidente ubicara, sin mencionarlo por su nombre, a Alfonso Durazo como quien podría estar detrás de los ataques a la ex gacela.

 

¿Quién más podría estar interesado en descarrilar a una competidora, sino el otro competidor?

 

Esa fue la lectura generalizada y desde luego, los operadores de redes de Ana Gabriela aprovecharon la presidencial respuesta para reforzar la intención de la pregunta de Medina, endosándole a Durazo toda la tenebra contra la nogalense.

 

Fuera de eso, y el reconocimiento de que el PRI fue su aliado en la modificación del artículo cuarto de la Carta Magna para elevar a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, no hubo mucho qué escribir a casa.

 

Si acaso, en temas locales, el compromiso de estudiar y eventualmente retomar un programa de atención y prevención de delitos para usuarios del transporte, llamado Camión Rosa.

 

Este programa nació en Cajeme y básicamente consiste en operar módulos de denuncia en la Central Camionera para que las personas, sobre todo mujeres, niños y adultos mayores denuncien casos de acoso, violencia u hostigamiento durante sus viajes.

 

Se trata de un programa que ya opera en Ciudad Obregón a instancias del alcalde Sergio Pablo Mariscal y que el presidente se comprometió a estudiar y en su caso, comenzar a operarlo en las terminales de autobuses de todo el país.

 

El presidente vino a Sonora por novena ocasión. Dejó a unos yaquis esperanzados y a otros encabronados. Evitó las manifestaciones en Ciudad Obregón (padres de niños con cáncer, haters de Mariscal, entre otros); evadió el bloqueo en Lomas de Guamúchil y luego voló rumbo a Los Cabos.

 

Y como ya se alargó mucho la columna, voy a formar una Comisión para Devolver la Capacidad de Síntesis, presidida por La Camelia y en la que participen El Emilio, La Sabina, El Greco y El Nacho.

 

Seguro algo saldrá de allí.

 

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