Alito debe irse por (su mala) salud mental

Arturo Soto Munguia /    2022-06-28
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De seguir las cosas como van, a Alito Moreno no lo van a tumbar los audios que evidencian su pobre catadura moral y política, ni las estrepitosas derrotas electorales. A estas alturas sus detractores dentro del PRI podrían destituirlo argumentando incapacidad mental y aplicarle la que los ecuatorianos le aplicaron allá en 1997 a su presidente Abdalá Bucaram, a quien por cierto apodaban “El Loco”.

 

No es una exageración. Al dirigente priista lo traen loco a toallazos desde hace rato y quizás en ese estado de febril locura se le ocurrió que era buena idea proponer una reforma legal para reglamentar la portación de armas en el país, de manera que los ciudadanos podamos defendernos de los criminales por propia mano.

 

Su propuesta ciertamente aborda otros temas ya reglamentados por cierto, pero en esencia, nada más con el primero, está muerta antes de nacer.

 

Si en condiciones normales la mayoría morenista en la cámara de diputados jamás votaría una reforma que vaya en contra de la política de seguridad planteada por el presidente y que simplificadamente se conoce como ‘de abrazos y no balazos’, en el contexto actual, siendo Alito uno de los principales promotores de la ‘moratoria legislativa’ según la cual la oposición se encuentra en una especie de huelga de brazos caídos y advirtió que no aprobará ni una sola iniciativa enviada desde el sector oficial, la propuesta del campechano es, más que un despropósito, un disparate.

 

Veamos. Las licencias de portación de armas son expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la primera condición es que éstas sean compradas a la misma Sedena. Pero además, los requisitos para su expedición están diseñados para que muy pocos puedan hacerse de un arma.

 

El único lugar donde se realiza ese trámite es en el Campo Militar número 1 con sede en Ciudad de México y en caso de autorizarse, el interesado deberá recoger el documento personalmente en la oficina del secretario particular del General Secretario de la Defensa Nacional.

 

Antes se tiene que llenar una solicitud especial, acreditar un modo honesto de vivir, firmado por el empleador del solicitante, y en caso de que el interesado sea el empleador, la firma debe ser del alcalde del municipio en que resida; cartilla militar liberada, certificado médico de no impedimento físico; certificado médico-psicológico anexando los resultados de los test practicados; carta de no antecedentes penales; certificado de no consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos anexando los resultados de los estudios de laboratorio practicados, entre otras cosas.

 

En 2020 se presentaron 215 solicitudes y se autorizaron 130 y en 2021 solo 60. Hasta marzo de este año, se habían autorizado cuatro solicitudes. Por cierto, el catálogo de armas de la Sedena incluye el rifle calibre .22, escopeta calibre 12, revólveres y pistolas semiautomáticas de diferentes calibres.

 

Este arsenal, desde luego es un mal chiste en un país donde el crimen organizado posee cientos de miles de armas de grueso calibre, fusiles de asalto, granadas y parque a discreción. Nomás en el decomiso que se realizó recientemente en Navojoa se contaron casi un millón de cartuchos útiles.

 

Pero esa es acaso la parte menos grave del asunto. Las implicaciones sociales que tendría armar a la población nos pondrían en el umbral de una guerra civil sin precedentes, en la tentación (muchas veces justificada por los asesinatos de familiares y amigos; de niños, ancianos y mujeres) de cobrarse ojo por ojo, en los linderos del caos y la multiplicación exponencial de estampas como las que se viven hoy en estados como Michoacán con las ya muy conocidas ‘autodefensas’, que por cierto, cuentan con armas de todo tipo y de misteriosa procedencia.

 

La propuesta de Alito Moreno es además una locura porque simplemente la sociedad civil no puede tomar en sus manos las facultades y prerrogativas del Estado mexicano, una de ellas fundamental: la seguridad de los ciudadanos.

 

Que no lo está haciendo bien es un hecho, pero de eso a tomar literalmente el himno nacional y asumir que el cielo le dio a la patria un soldado en cada hijo, hay un enorme trecho.

 

Algo más: estamos en México, un país donde ni siquiera los cuerpos policiacos estatales y municipales tienen un registro completo de sus armas y las huellas de las mismas (que es algo así como el ADN de cada arma), y donde no todos los elementos pasan los controles de confianza exigidos para su portación, imagínense con una pistola al vecino que suele vapulear a la esposa cada vez que se encabrona, por poner un ejemplo hipotético.

 

Afortunadamente la propuesta del campechano murió antes de nacer y ni siquiera deberíamos estar discutiéndola. Lo que sí se debería discutir seriamente es si, ante el fracaso institucional para contener la violencia del crimen organizado, los mexicanos merecemos una oposición tan vacía de propuestas, tan perdida en sus onanismos (y enanismos); tan atrapada en su burbuja de incompetencia.

 

II

 

En temas locales, ayer no hubo conferencia del gobernador, porque se fue a Ciudad de México a firmar un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcido Aquino, para el empleo de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente el combate a la corrupción.

 

Esos instrumentos permitirán simplificar los procesos en el ejercicio de gobierno de una forma transparente, dando seguimiento a compras, contratos y obra pública.

 

Acompañaron a Alfonso Durazo en este evento, el contralor Guillermo Noriega Esparza y el nuevo Oficial Mayor Franco Gerardo Marcello Fabbri.

 

 

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