Una colaboración de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos Sección Guaymas (ANAD-Guaymas) Comisión de Comunicación Social

Coronavirus, Estado de Derecho y estabilidad social

Especial /    2020-03-25
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La abrupta irrupción del coronavirus en la vida de las naciones, además de trastocar sus cotidianidades, estropeó sus estrategias económicas, ante la falta de planes de contingencia para atender tales amenazas a su seguridad interna y nacional, convirtiéndose rápidamente el desastre en una de las variables de prueba al Estado de Derecho de los diversos países afectados, así como a las corrientes políticas dominantes: neoliberalismo, conservadurismo, populismo, socialismo de mercado, democraciacristiana, ultraderecha, socialdemocracia, socialismo y demás.

 

Hay Estados fuertes con gobiernos bien consolidados como el Ruso con Putin y el Chino con Xi Jiping y el Partido Comunista, gobiernos con base social débil como el cogobierno de Podemos y el PSOE en España con Pedro Sánchez o el régimen italiano o democracias de gran tradición como en Reino Unido y Francia con Emmanuel Macron y gobernantes provenientes de movimientos emergentes de izquierda o de derechas como AMLO en México y Bolsonaro en Brasil, con países faltos de fortaleza institucional y de cultura autoritaria o Cuba con un régimen definido como socialista, lo que ha marcado el tipo de respuestas ante la pandemia. Quienes optaron por el distanciamiento social y otras medidas drásticas desde un principio obtuvieron mejores resultados en salvar vidas. 

 

El Covid 19, aparecido en México el 20 de enero de 2020, en su primer caso, además de ser la principal amenaza biológica a la seguridad nacional, de fracasar las estrategias y medidas para contener su propagación, pondría en jaque la débil economía del país y la misma estabilidad social y política y hasta el Estado de Derecho vigente, camisa de fuerza para prevenir tentaciones autoritarias de gobiernos ante la fatalidad y en el marco protectivo de los derechos fundamentales de las personas a pesar de los requerimientos de la infección, a partir de que el respeto de las reglas por todos los actores y sujetos es vital.

 

Así como en otras naciones algunos gobiernos han debido implementar medidas por encima de sus sistemas jurídicos, incluso de carácter arbitrarias, para aplacar la pandemia, nunca permitidas en una situación de normalidad democrática, la contingencia empieza a borrar la frontera entre lo legalmente permitido y lo que no lo es, claramente discernible cuando se trata de afrontar otro tipo de problemas: de seguridad pública, laborales, medio ambientales, educativos, comerciales, de telecomunicación, etc., en los cuales el discurso y los actos de autoridad son posibles contrastarlos con la normativa imperante o encuadrarlos jurídicamente para en su caso considerarlos válidos, aceptados o legalmente procedentes, a efecto de impugnarlos u objetarlos a través de los instrumentos existentes, vía amparo, recursos administrativos o recurriendo a las instancias pertinentes, según proceda.

 

La actual situación en México, de mayor riesgo a la salud que la influenza que azotó hace años y que ameritó la creación del Consejo de Salubridad General, como órgano del Estado para atender crisis sanitarias, creado en 2009 en la administración de Felipe Calderón después de haber encarado la crisis aviar N1H1 y que en apariencia tomó desprevenidas en los primeros días de marzo a las instancias competentes para enfrentar la epidemia o cuya capacidad de reacción fue lenta, descoordinada o permisiva en algunos casos, orillando al implemento de medidas carentes a primera vista de planeación y cuya ejecución conforme a los resultados que se proponían estaba por verse en el mejor de los casos y que cada instancia de gobierno aplicó a su leal saber y entender, aunque fueran con la mejor intención: toques de queda, cierre de espacios públicos, llamados al confinamiento, virtuales estados de sitio, etc.

 

Frente a la parálisis el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cosío, recomendó la aplicación de la fracción XVII del artículo 9 del reglamento interior del Consejo de Salubridad General, que señala: Aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria.

 

Las disposiciones generales de dicho Consejo, mismo que depende del presidente de la República, son obligatorias en el país, de acuerdo con los artículos 73 fracción XVI de la Constitución, 4º fracción II y 15 de la Ley General de Salud y 1º del reglamento interior del Consejo de Salubridad General y no depende de autoridad alguna para operar, aunque es presidido por el Secretario de Salud, .  Una vez que ha sesionado esta instancia se echó a andar toda la maquinaria del Estado buscando una coordinación efectiva con los sistemas de salud de los estados para combatir la epidemia.

 

El elefante reumático, una metáfora popular aplicada para describir la obesidad del Estado Burocrático, tomado por sorpresa por la emergencia en plena reorganización administrativa (descentralización de dependencias, creación de nuevas como el INPI, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, etc.), deberá desplegar todas sus capacidades para librar la amenaza médica y defender los intereses nacionales, entre ellos la vida, la salud y el bienestar de los ciudadanos y garantizar la paz interna, así como el orden constitucional.

 

 

Proyecto de nación en riesgo

 

Algunos gobiernos estatales, ante las señales imprecisas de una estrategia nacional a cargo de la SSA, cabeza del sistema de salud del país, emprendieron  acciones conforme a los instrumentos a su alcance por la presión social y el temor creciente en la población, con desbordamientos y signos de anarquía en ciertos lugares, como lo es las compras de pánico o el saqueo de centros comerciales y en donde las medidas de fuerza son poco efectivas.

 

Uno de los fenómenos que se han hecho más evidentes durante la presente contingencia es la carencia de figuras políticas con real liderazgo en la sociedad, más allá de quienes ejercen una función vital dentro de las estructuras administrativas en las áreas de salud o seguridad pública.

 

Lo cierto, es que la propagación sin freno a nivel global de la pandemia, de diciembre último a la fecha, obligó a poner al país en fase 1 debido a la proliferación de casos importados de la enfermedad y a emitir una alerta sanitaria, aunque todo parece indicar y ese es el sentir de las autoridades de salubridad, México ya entró en la fase de transmisión local del padecimiento por su alta tasa de transmisión.

 

Esto, obliga a la revisión de conceptos constitucionales fundamentales -que en estos días aciagos se nos olvidan-- ante los riesgos que conlleva la pandemia y la situación real en materia de fortalezas y debilidades de los sistemas de salud del país y la capacidad de estos para atender tan monumental problema de salud pública, cuando es sabida toda la gama de cuestiones que afectan a instituciones como IMSS, ISSSTE, INSABI, ISSSTESON y demás de dicho sector, como son las sobrecargas de trabajo de su personal, falta de abasto de medicamentos, personal médico y de inversión en infraestructura clínica, salarios insuficientes y  programas que no acaban de aterrizar como el sustituto del Seguro Popular, por solo mencionar algunos.

 

Se estima la capacidad hospitalaria del país que a los hospitales de Alta Especialidad y los Institutos Nacionales de la Secretaría de Saludos, 11 que requieren modificaciones, se agreguen la red de hospitales del IMSS, ISSSTE y de las fuerzas armadas, la SEDENA y la Marina, a quienes se les está concediendo un rol protagónico en la actual fase de la emergencia sanitaria, previéndose la asignación de recursos especiales a la SEDENA para que opere diez hospitales para atender a los pacientes afectados, que se calcula un total de 10 mil que ocuparán atención en hospitales públicos en condiciones graves y cuyo momento crítico de los contagios se proyecta para finales de abril y principios de mayo venidero. En los últimos 13 años se han invertido 2.5% del PIB en bienes y servicios de salud pública.

 

A pesar de la fragilidad presupuestal de las finanzas públicas existente, a efecto de combatir el brote del virus el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, informó que adelantará recursos a los sistemas de salud de los estados para enfrentar la expansión de los contagios por COVID-19 en el país y precisó que durante los meses de enero a marzo se han destinado 15 mil 300 millones de pesos a los estados, a través del Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar (Insabi) y que están por adelantarse los recursos destinados para el trimestre abril-junio, con el fin de dotar de recursos a los sistemas de salud estatales para enfrentar el coronavirus, lo que representará una transferencia de 10 mil millones de pesos para los sistemas de salud, con lo que las entidades contarán con una bolsa de 25 mil millones de pesos para atender la emergencia de salud.

 

El funcionario también refirió que el Insabi cuenta con cuatro mil 500 millones de pesos para la compra de medicamentos e insumos médicos, mientras  a la Secretaría de la Defensa Nacional se le destinó 4 mil millones de pesos, y a la Secretaría de Marina de 500 millones de pesos, para que puedan operar el Plan DN-III de apoyo a la población.

 

Referente a las dependencias del sector salud, expresó que la Secretaría de Salud cuenta con un presupuesto de 128.8 mil millones de pesos; del total, la dependencia ha gastado el 20 por ciento, que equivale a 26.6 mil millones de pesos y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) posee 825 mil millones de pesos; mientras el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con 349.4 millones de pesos.

 

Y si bien el artículo 26 Constitucional, refiere al proyecto de nación de los mexicanos en los siguientes términos, es menester darle una desempolvada a sus alcances conceptuales:

 

“Artículo 26.

 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.

 

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

 

(...)”

 

Obviamente, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ni un renglón habrá referido a amenazas biológicas a la seguridad nacional de carácter externo, ajenas al radar gubernamental cuando se elaboró tal documento.

 

Dicho proyecto de Nación consagrado en la Carta Magna, configurado por una serie de derechos fundamentales y garantías individuales y sociales acordes a nuestro contrato o pacto social, bajo un esquema de democracia liberal aderezada con instrumentos de la democracia participativa (consulta, referéndum, etc.) puestos en prácticas en la construcción de diversos megaproyectos (Tren Maya, Aeropuerto de Texcoco y últimamente respecto de la instalación de una empresa cervecera en Mexicali, estos dos últimos casos causantes de enfrentamientos del presidente López Obrador con un sector del empresariado), se juega su vigencia en la presente coyuntura epidemiológica.

 

Resulta inocultable que sopretexto de la pandemia las redes sociales se han saturado de mensajes críticos, incluso de odio,  de los detractores del gobierno de la Cuarta Transformación, lo que indicativo de la polarización existente en el país.

 

 

El Estado como rector del desarrollo nacional a prueba de fuego

 

 

Los principales teóricos del Estado, desde Thomas Hobbes y su Leviathán, Jonh Locke en sus “Dos tratados sobre el gobierno civil” y Juan Jacobo Rousseau en “El contrato social”, ya hablaban cada quien con sus propias connotaciones, de la existencia de un poder supremo soberano capaz de imponerse sobre el cuerpo social y producto de una voluntad general y cuyo fin es el bien común. Ideas estas que fueron recogidas por los fundadores de la nación y plasmadas en los diferentes textos constitucionales con el toque y sello de las facciones políticas y militares dominantes en cada época: independentistas, imperialistas, centralistas, federalistas, conservadores, clericales, liberales, científicos porfiristas, caudillos revolucionarios, cardenismo, cachorros de la revolución, populistas, neoliberales, neocardenismo, etc. y heredera de esa tradición es la actual redacción del artículo 25 Constitucional, ampliado y mejorado según las circunstancias del momento según la óptica del legislador en turno y dentro de los límites del sistema presidencialista fundado en sus bases por los hombres de la Reforma y dentro de su concepción de organización del poder.

 

En ese entendido, el artículo 25 de la Ley Suprema, establece que la rectoría del desarrollo nacional corresponde al Estado, en los siguientes términos:

 

 

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande elinterés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

 

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución”

 

 

En este renglón la situación no es para celebrar, cuando la contingencia encuentra al país con una economía debilitada y con proyecciones modestas de crecimiento del PIB para este año por parte de las autoridades hacendarias del 2%, cuando el crecimiento del PIB fue de -0.1% en 2019 y ello previo a la pandemia, lo que hace prever que para 2020 el crecimiento podría ir de -4% a -7%, lo cual ameritará planes económicos de emergencia para evitar el colapso y la inevitable recesión económica y por ende adentrarnos en un escenario de catástrofe ante el advenimiento de la devastadora enfermedad.

 

El turismo, una actividad clave en la captación de divisas es uno de los renglones que resultaría más afectado por las medidas instrumentadas en una situación de emergencia sanitaria como sería el cierre de las fronteras, playas y los aeropuertos. Otro, el sector del pequeño comercio y la pequeña empresa en general. Parte del sector empresarial, como el grupo de Carlos Slim, se han sumado al llamado a solidarizarse con sus trabajadores en tanto dura el aislamiento. Existen empresas que están mandando sus trabajadores a sus casas sin goce de sueldo y otras más que han optado por su despido. Por Decreto presidencial se mandó a sus casas con sueldo a los adultos mayores.

 

En algunas ciudades importantes, la paralización de actividades productivas es inminente al cundir los temores de contagio. 46.4 millones de mexicanos laboran en las calles, es decir en la informalidad y es el sector mayormente afectado por las medidas sanitarias de la fase 2.

 

Como se ve la capacitad del Estado, como entidad rectora de la vida nacional en amplios ámbitos, estará a prueba en los próximos días y semanas y de lo cual dependerá en gran medida la futura estabilidad social, económica y política y por ello el consenso social en torno a políticas públicas aglutinadoras de apoyo por eficaces o por el contrario, nos encontraríamos en aquello que el sociólogo francés Emile Durkheim, denominó como anomia social y quien en su libro “El suicidio”, estudió las bases de la estabilidad social, es decir aquellos valores compartidos por una sociedad que conforman los vínculos de cohesión que mantienen el orden social y cuya desaparición conduce a una pérdida de estabilidad social o anomia, palabra del griego “sin ley”.  Y si extrapolamos el título de la obra a la actual coyuntura estaríamos nada más y nada menos que ante un suicidio colectivo como sociedad si las autoridades pierden el control de la enfermedad y el contagio no se frena, lo cual depende del éxito de la cuarentena.

 

La gobernabilidad democrática de la República,  entendida la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, según reza el artículo 3o. Constitucional, también es otra de las áreas que va en juego con la estrategia de contención del coronavirus en su etapa presente y que no admite errores fatales. En Italia, en el día a día se trabaja para tratar de controlar la pandemia y no se dan abasto en los hospitales de la península ante lo inmanejable por la gravedad del incremento de los contagios.

 

De la habilidad, creatividad, actitud, iniciativa, compromiso y responsabilidad de nuestros gobernantes, aunado a su ética institucional como servidores públicos y la capacidad propositiva de la sociedad civil dependerá en mucho salir fortalecidos como colectividad de la emergencia, con instituciones probadas en la adversidad y un Estado Social de Derecho revitalizado digno de encomio y de mejorarse si así es menester.

 

 

 

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