Litigios en puerta
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En los próximos días va a escalar el litigio por las llamadas ‘fotomultas’ que el Ayuntamiento de Hermosillo advirtió que comenzará a cobrar a partir de este año a quien exceda el límite de velocidad de 60 kilómetros por hora en Hermosillo.
Para ello instaló desde hace meses tres arcos de seguridad habilitados con cámaras de video y fotográficas, así como sensores de velocidad para tal efecto. Durante el tiempo que va desde su instalación hasta la fecha se realizó una campaña de socialización de esta iniciativa, para advertir a los ciudadanos sobre la conveniencia de moderar la velocidad, sobre todo en las zonas donde están instalados dichos arcos, que son las tres entradas principales de la ciudad: al sur, rumbo a Guaymas; al norte rumbo a Nogales y al poniente rumbo a Bahía de Kino.
La idea original era que los arcos de seguridad sirvieran para identificar los vehículos y personas que entran y salen de la ciudad como una forma de reforzar las tareas -precisamente- de seguridad ante la eventual comisión de delitos, pero luego se agregaron las cámaras y sensores de velocidad con el objetivo de inhibir hábitos de conducción que luego derivan en accidentes.
El problema es que el asunto se atoró en el Congreso del Estado, donde la mayoría de Morena y sus aliados eliminaron de la propuesta de Ley de Ingresos presentada por el ayuntamiento, donde se contemplaba el cobro de esas multas, al considerar que básicamente se trata de una medida recaudatoria que afectaría el bolsillo no solo de los hermosillenses, sino de quienes cruzan la capital sin tener conocimiento de los dispositivos instalados en esos arcos.
El Ayuntamiento finca esta iniciativa en una reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial donde se establece un larguísimo listado de medidas de todo tipo para garantizar el adecuado flujo vehicular, incluyendo límites de velocidad en diferentes zonas: ejemplo: 20 Kmh en zonas de hospitales, asilos, albergues, casas hogar y zonas escolares; 30 Kmh en calles secundarias y terciarias y 50 Kmh en avenidas primarias sin acceso controlado. Tal es el caso de las entradas y salidas a la ciudad.
Ayer entrevistamos a la presidenta de la legislatura local, la morenista Vicky Espinoza y declaró tajantemente que las ‘fotomultas’ son ilegales toda vez que no fueron autorizadas por el Congreso y que analizan las vías legales para evitar su cobro, sin descartar incluso una controversia constitucional.
Desde luego, buscamos la versión del Ayuntamiento pero hasta el cierre de este despacho no habíamos obtenido respuesta. Hoy insistiremos porque el tema se va a poner candente en los próximos días.
II
Otro tema que calentó la grilla local ayer fue la carta que envió el exsecretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González desde una fría celda del Cereso local donde permanece vinculado a proceso bajo cargos de presunto peculado durante su desempeño como titular de esa dependencia en el segundo trienio de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
El exfuncionario fue detenido en su propia casa durante un cateo llevado a cabo por la Fiscalía estatal en atención a un expediente integrado en la Fiscalía Anticorrupción relacionado con un presunto uso indebido de recursos públicos. Por este caso también fue encarcelado el subsecretario Francisco Alberto Curiel, pero se encuentra libre bajo fianza; también se giró orden de aprehensión contra Ernesto de Lucas Hopkins, ex secretario de la misma dependencia, pero no se ejecutó al encontrarse amparado por la justicia federal.
Todos ellos están involucrados en un modelo de retención de nómina llamado Plan de Beneficios Múltiples a través del cual se retienen recursos del ISR a los trabajadores del sector educativo, mismos que son administrados por la empresa Consulta Actuarios SC y estás destinados a programas de mejoramiento salarial y contractual de los profesores.
En su misiva, Guerrero González sostiene que el delito que se le imputa es inexistente, pues esos fondos no constituyen recursos públicos sino privados y nunca fueron distraídos de alguna partida presupuestal, sino de la nómina de los trabajadores. Agrega que este programa existe desde hace 40 años, lapso en el que se le ha conocido por varios nombres, pero el mismo objetivo. De hecho, afirma que durante su gestión detectó algunas irregularidades en el manejo de ese fondo, por lo cual presentó una demanda civil contra la empresa, demanda que no ha prosperado.
Lo que sí continúa es el programa de retención de nómina, pero ahora los recursos no se depositan en un fideicomiso, sino en una cuenta bancaria del gobierno del estado destinada a pavimentación e infraestructura urbana para los municipios, desde donde se transfieren a la Sección 54 del SNTE.
En resumen, sostiene que no se cometió ningún delito y que en todo caso, si así fuera, se tendría que llamar a cuentas también a los funcionarios de la hacienda estatal que actualmente administran esos recursos.
Hay que esperar la versión de la Fiscalía estatal o de la Anticorrupción, aunque el titular de esta última, Mauricio Ignacio Ibarra Romo difundió recientemente un video en el que adelantó que no litigaría el asunto en medios de comunicación, sino en los tribunales, como debe de ser.
Lo que es un hecho es que la carta del exfuncionario preso da un giro inesperado al caso, del que hay que seguir pendientes.
III
En temas más amables, ayer fue el Día del Policía y para conmemorarlo el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño sostuvo un encuentro con elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, a quienes entregó reconocimientos y condecoraciones, pero también 37 nuevas unidades con un valor superior a los 50 millones de pesos.
En el evento se honró la memoria de los agentes caídos en cumplimiento del deber y el gobernador se comprometió a seguir dotando a las corporaciones estatales y municipales de las mejores herramientas posibles para cumplir con dignidad y eficacia sus tareas, que constituyen, dijo, una prioridad real y permanente para el gobierno del estado.
Le rindió el día al mandatario estatal, pues también entregó reconocimientos a los policías del año, tocando en esta edición a Karla Moroyoqui y Antonio Reyes, ambos con una destacada trayectoria en la PESP. Estas distinciones se otorgan después de una rigurosa revisión de las hojas de servicio por parte de la Comisión de Honor y Justicia, asegurándose de que cuenten con una carrera impecable, sin factores negativos y con un historial que refleje compromiso, profesionalismo y vocación de servicio.
Y más tarde se trasladó a San Luis Río Colorado donde celebró que en aquella fronteriza ciudad se haya logrado reducir hasta en un 95% el número de homicidios dolosos a partir de la implementación del Mando Único y se han logrado importantes avances en otras vertientes de la incidencia criminal, como robo de vehículos, robo a casa habitación y asalto a mano armada.
IV
El alcalde capitalino, Antonio Astiazarán hizo lo propio al entregar condecoraciones al mérito, al mérito técnico policial, al valor heroico y a la perseverancia a 30 elementos de la Policía Municipal y reconocimientos a policías con 10, 15, 20, 30 y 35 años de servicio.
En el evento se entregó el galardón al Policía del Año a Genaro Rivera Sierra, quien ha entregado 28 años de su vida a la corporación, hoy comisionado como responsable del Grupo Operativo del Sector Comercial.
El alcalde estuvo acompañado de autoridades civiles y militares y del cónsul general de EEUU en Hermosillo, Drew Hoster.
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