Ley Minera, derechos ancestrales y pueblos indígenas

Especial /    2020-05-21
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Un tema poco conocido entre el gremio de los abogados, pero de gran
repercusión a nivel nacional en lo económico, empresarial y de
impacto en los grupos originarios del país, está a debate en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y pendiente de resolverse.
El día 13 de mayo de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación tenía programado discutir el proyecto de
resolución AR-298/2019 del amparo en revisión 928/2019, a cargo de
la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek. 

El asunto parte de la falta de consulta de la Ley Minera a los pueblos
indígenas conforme al mandato de los artículos 1º., 2º. y 27
Constitucionales y diversas disposiciones en el mismo sentido del
derecho internacional como el Convenio 169 de la OIT y sobre la
constitucionalidad de algunas partes de dicha legislación, con relación
a los derechos territoriales que les son propios a las comunidades
afectadas, pero que involucra a todos los pueblos, comunidades y
naciones originarias del país.

Es de tal trascendencia el proyecto que Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), llamó a los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a efecto de que “en sus
decisiones sobre la constitucionalidad de diversas porciones
normativas de la Ley Minera, salvaguarden la posesión de las tierras,
territorios y recursos de las comunidades indígenas Maseuales de
Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, del estado de
Puebla, por encima del otorgamiento de títulos de concesión para el
usufructo de sus recursos naturales”.

El organismo hizo su pronunciamiento en relación con el proyecto de
sentencia elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek, presidente
de la Segunda Sala, en el que se afirmaba que “simple y sencillamente
el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los
intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados”. En otras
palabras la segunda sala propone negar el amparo solicitado en lo
relativo a la inconstitucionalidad de la ley minera por falta de consulta y
consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos
indígenas mencionados.

En ese sentido la CNDH indicaba en su comunicado que
“Considerando que la comunalidad constituye un principio rector y
componente estructural de los pueblos originarios de México, este
organismo nacional autónomo hace votos para que el Máximo
Tribunal, observe los estándares constitucionales y convencionales de
la materia, para garantizar la conservación y preservación de sus
territorios”.

Frente a la decisión del Ministro Javier Laynez Potisek de retirar su
proyecto de sentencia sobre el amparo en revisión 928/2019, relativo a
la Ley Minera y los derechos de pueblos y comunidades indígenas,
que sería votado hace días, diversos representantes de comunidades
indígenas confiaron en que se reconsidere y garantice los derechos
del pueblo maseual, además de declararse inconstitucional esa
legislación, lo cual fue tomado como una señal positiva de apertura de
agotar primero el derecho a ser oído al Pueblo Maseual, indicaron en
un comunicado el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Consejo Tiyat
Tlali, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Comité de
Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan y Environmental
Defender Law Center, organizaciones que explicaron que el litigio
emprendido por el Pueblo Maseual buscó sumar esfuerzos a la lucha
de los pueblos indígenas para poner fin a la violencia estructural, a la
violencia de Estado y pidieron que la decisión de la Segunda Sala sea
un precedente que sirva para otros casos de pueblos y comunidades
indígenas, que han decidido acudir a tribunales a reclamar sus
derechos que les han sido violados ante la imposición de proyectos
mineros en sus territorios.

Dichas comunidades recordaron que, en marzo del 2015, con asesoría
del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el pueblo
maseual presentó demanda de amparo alegando la
inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de sus
derechos a la autodeterminación y al control de los recursos naturales
por la expedición de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y
Macuilquila, ubicadas en los municipios poblanos de Tlatlauquitepec,
Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, en especial por la falta de
consulta previa, libre e informada tanto en la expedición de la Ley
como en el otorgamiento de las concesiones.

A partir de la reforma en materia de derechos humanos de 2011 y la
consiguiente incorporación de los tratados internacionales en las
normas constitucionales, en el caso de la consulta previa indígena, el
derecho al desarrollo, el derecho al territorio, a la libre determinación,
a la autonomía y autogobierno y el derecho a la identidad, el Convenio
169 de la OIT es considerado aplicable en México conforme al
mandato del artículo 133 Constitucional.

Radiografía de un proceso

Su historia es esta: En el año 2014, el pueblo Maseual —habitante de
los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac en la
sierra norte del estado de Puebla— tuvo conocimiento de la existencia
de tres concesiones mineras que afectaban sus territorios. En
septiembre de ese mismo año, reunidos en asamblea en Zacatipan
(Cuetzalan), decidieron encomendar al consejo Maseual
Altepetajpianij, realizar las actividades necesarias para el ejercicio de
su derecho a la libre determinación y evitar la explotación minera en su
territorio. Una de las decisiones de la asamblea fue acudir al Poder
Judicial de la Federación mediante juicio de amparo para obtener la
protección de sus derechos colectivos.

La demanda de amparo tenía dos pretensiones. La primera, la
cancelación de las concesiones mineras por no haber sido
consultadas y no haber obtenido el consentimiento previo libre e
informado por parte del pueblo Maseual, tal y como lo exigen los
estándares internacionales en materia de derechos colectivos de los
pueblos indígenas. La segunda pretensión era obtener una
declaratoria de inconstitucionalidad de la ley minera. Para fundamentar
esta pretensión, los quejosos argumentaron que esta norma permite
concesionar sus territorios por 50 años, prorrogables por otros 50 años
y, que declara la actividad minera como una actividad preferente tiene
impactos directos sobre sus derechos al territorio, libre determinación
y cultura propia. Sin embargo, la ley fue expedida sin consultarlos para
obtener su consentimiento previo, libre e informado. En la opinión del
pueblo Maseual, la ausencia de consulta y consentimiento de la ley
implica una violación a lo establecido en los artículos 1, 2 y 27
constitucionales, y a los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta de
medidas administrativas y legislativas, y sobre su derecho a decidir las
prioridades dentro de su propio modelo de desarrollo económico,
respectivamente. Adicionalmente, la pretensión de inconstitucionalidad
se solicitó para artículos específicos de la ley minera que permiten
otorgar una concesión minera sin procesos de consulta ni obtención
del consentimiento.

El juez de distrito concedió el amparo frente al otorgamiento de las
concesiones mineras dejándolas sin efectos y ordenó a la Secretaría
de Economía que sólo podrá pronunciarse sobre la expedición de los
títulos de concesión luego de haber realizado un proceso de consulta
al pueblo Maseual. En lo relativo a la inconstitucionalidad de la Ley
Minera, el juzgador determinó que los quejosos no habían acreditado
el interés legítimo para el acto reclamado, y por lo tanto sobreseyó el
juicio en este particular.

Los quejosos recurrieron la sentencia en cuanto al sobreseimiento de
la inconstitucionalidad de la Ley Minera. La Secretaría de Economía y
las terceras interesadas hicieron lo mismo pero frente a la decisión del
juzgado de dejar sin efectos los títulos de concesión minera. En el
proceso de revisión, el Tribunal Colegiado decide continuar con el
análisis del caso y en lo referente a la inconstitucionalidad de la ley
minera, decide levantar el sobreseimiento, declararse legalmente
incompetente para conocer el asunto y remitirlo a la Suprema Corte
para su resolución.

Hasta ahí la información que nos proporcionan sobre el interesante
tema los profesor Tatiana Alfonso, del Departamento de Derecho del
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Jorge Peláez
Padilla, del Departamento de Derecho de la Universidad
Iberoamericana (Revista Nexos, 13 de mayo de 2020).

El Protocolo de la SCJN en torno a la autonomía y la consulta
indígena

La SCJN en el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia
en casos que involucren derechos de Personas, Comunidades y
Pueblos Indígenas, refirió que el límite a la autodeterminación es la
unidad nacional, tal como lo señaló su Primera Sala: “Como la CPEUM
señala, la libre determinación de los pueblos indígenas se ejerce en el marco
constitucional de la autonomía. En el mismo sentido, la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala que éstos
tienen derecho a la libre determinación y que, en virtud de ese derecho,
pueden decidir libremente su condición política y disponer libremente su
desarrollo económico, social y cultural. Por su parte, el artículo 4º de esta
Declaración amplia el contenido de este derecho al señalar que el ejercicio de
su libre determinación, se refiere a la autonomía o al autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a
disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

Ahora bien, tal como lo ha señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la libre determinación de los pueblos indígenas no
puede poner en riesgo la unidad nacional, pero sí implica ‘la posibilidad de
elegir libremente su situación dentro del estado mexicano, que no conduce a
su disolución, sino al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos
que lo componen para determinar su suerte, siempre y cuando se preserve la
unidad nacional’. Es decir, que la autonomía indígena está acota da a que no
se ponga en riesgo la unidad nacional, pero fuera de esta situación, tienen el
derecho fundamental de autodeterminarse.

Aunque es claro que el concepto de libre determinación de los pueblos
indígenas no tiene los mismos alcances que recibe en el derecho internacional
de los Estados, es importante señalar que la Carta de la Organización de las
Naciones Unidas, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos así
como el de Derechos Sociales y Culturales y algunas resoluciones de la
Asamblea General de Naciones Unidas le han dado un peso muy importante a
este derecho, al grado de argumentarlo como base para el ejercicio de los
derechos humanos individuales, es decir, si no hay un reconocimiento jurídico
de las instituciones, normas y procedimientos indígenas, es más fácil que
tanto el Estado como las instituciones indígenas transgredan los derechos
humanos de sus miembros”

En cuanto al autogobierno, dicho Protocolo establece: “ Del anterior
derecho a la libre determinación, expresado como autonomía, se
derivan otros derechos fundamentalmente contenidos en el apartado A
del artículo 2º de la CPEUM, entre los que sobresale el derecho a
definir sus propias formas de organización social, económica, política y
cultural. Es de destacarse el derecho a la organización política propia,
porque de él se desprende la capacidad de definir sus propias
instituciones, que no necesariamente tiene que corresponder
estrictamente con el resto de las instituciones del Estado.

El Protocolo del Máximo Tribunal de la Nación, en torno al tema de la
ancestralidad ha previsto lo siguiente:

“Los pueblos indígenas son titulares de derechos tanto por su
condición de pueblos ancestrales con derecho de libre determinación,
como por ser personas titulares de derechos que les permitan mejorar
progresivamente sus condiciones de vida. Dado que por lo general los
indígenas viven en situación de vulnerabilidad, la progresiva
efectividad de estos derechos, requiere medidas diferenciales que se
ajusten a sus circunstancias específicas. Además, tal como lo señala
la observación general número 3 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, es obligación de los
Estados asegurar los niveles esenciales de esos derechos y en caso
de limitaciones presupuestales, dar prioridad a la protección de
personas en situación de vulnerabilidad (…) Ahora bien, los pueblos
indígenas tienen una visión del mundo particular, una cultura que ha
desarrollado conocimientos ancestrales, mismos que no
necesariamente coinciden con los conocimientos de las culturas
occidentales”.

La consulta es un derecho de los pueblos indígenas consagrado tanto
en el artículo 2º. Constitucional, como en el derecho convencional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido a
la consulta como un derecho humano de ejercicio colectivo digno de
protegerse por ser parte de la identidad cultural y una expresión de los
grupos vulnerables, por lo cual tiene que ser libre, informada,
comprensible, veraz y suficiente. También debe de ser culturalmente
pertinente, es decir realizarse conforme a las tradiciones, usos y
costumbres de la etnia o grupo indígena sujeto a consulta a efecto de
obtener el consentimiento buscado.

El artículo 6 fracción 2 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) señala que “Las consultas llevadas a cabo en
aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

El precepto referido dispone dos cosas en su artículo 6: una, que los
gobiernos deben consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente; y otra, que las
consultas se efectúen de buena fe y de manera apropiada a las
circunstancias, con la finalidad de llegar a acuerdos o lograr
consentimientos acerca de las medidas propuestas. En el artículo 7 se
establece, a su vez, que los pueblos tienen el derecho de decidir sobre
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la
medida que afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan.

La posición de los pueblos y comunidades indígenas también se
encuentra respaldada en el derecho de participación previsto en el
artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Adicionalmente y por las posibilidades litigiosas que previsiblemente
se abrirán en caso de que las consultas no se realicen o lo sean de un
modo indebido, conviene recordar que la Suprema Corte ha
establecido varios elementos acerca del modo como las mismas
consultas indígenas deben efectuarse: realizarse cuando esté
decidiéndose acerca del plan o proyecto de desarrollo y no cuando
surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad sobre lo
ya realizado y ejecutado; efectuarse conforme a los métodos de
decisión y condiciones de representación propios de cada comunidad
o pueblo interviniente; ser plenamente informada sobre la naturaleza y
consecuencias del proyecto, incluidos los posibles riesgos
ambientales, además de recabarse mediante un consentimiento
previo, libre e informado, con todo lo que ello significa.

El derecho a la consulta y al conocimiento libre, previo e informado,
dice el Protocolo expedido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación “…es uno de los derechos que ha alcanzado mayor relevancia
y desarrollo en relación al tema de los derechos indígenas en el
ámbito internacional, entre otras razones debido a las tensiones que
se producen en las comunidades y pueblos indígenas por la expansión
de los megaproyectos energéticos, mineros, de acuacultura y
forestación. No obstante, en México ha tenido poco desarrollo tanto a
nivel normativo como jurisprudencial”.

Y añade dicho documento del Máximo Tribunal, lo siguiente:

“La fracción IX del apartado B del artículo 2º de la Constitución
reconoce el derecho a una consulta acotada, misma que en el
Derecho de fuente internacional tiene dimensiones más amplias,
contenido que hace necesario recurrir al desarrollo que el derecho ha
tenido en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos a partir de lo reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

De acuerdo con dicho Convenio, es obligación de los Estados
consultar con los pueblos indígenas, de buena fe y con el objetivo de
llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento sobre asuntos que les
afecten en distintos contextos. El propio Consejo de Administración de
esa organización (OIT) ha señalado que el derecho a la consulta y
participación ‘constituye la piedra angular del Convenio 169 de la OIT
en la que se fundamentan todas las disposiciones del mismo’. El
derecho está también reconocido en la DDPI29 y es aplicable a
cualquier acción administrativa o legislativa que pueda tener un
impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos indígenas. En
tal sentido, la consulta previa a los pueblos indígenas abarca no
solamente el uso de los recursos naturales, sino cualquier medida que
pueda afectar directamente a estas comunidades.

Los elementos fundamentales para concretar el derecho a la consulta
es que se lleve a cabo previamente a las acciones, que se dirija a los
afectados o a sus representantes legítimos, que se realice de buena fe
y a través de los medios idóneos para su desarrollo, que provea de
toda la información necesaria para tomar las decisiones, en particular,
la existencia de estudios imparciales y profesionales de impacto social,
cultural y ambiental, que se busque el acuerdo y, en ciertos casos, que
sea obligatorio obtener el consentimiento libre e informado de las
comunidades, todo lo anterior, a través de procesos culturalmente
adecuados y usando las formas e instituciones que ellos mismos
ocupan para tomar decisiones. La falta o el vicio en alguno de estos
elementos puede ser motivo de un procedimiento jurisdiccional.

El deber de consulta aplica en cualquier caso en que una decisión ‘se
relaciona con los intereses o las condiciones específicas de
determinados pueblos indígenas, incluso si la decisión tiene efectos
más amplios’. Ello comprende medidas administrativas o legislativas
de aplicación general, tales como iniciativas de ley sobre recursos
forestales o pesqueros, o sobre el desarrollo rural o agrario, si dichas
medidas afectan de manera diferenciada a los pueblos indígenas
dadas sus condiciones y derechos específicos.

Tal como lo estableció la Corte IDH ‘adicionalmente a la consulta que
se requiere siempre que haya un plan de desarrollo o inversión dentro
de un territorio tradicional [ ] la salvaguarda de la participación efectiva
que se requiere cuando se trate de grandes planes de desarrollo o
inversión que puedan tener un impacto profundo en los derechos de
propiedad de los miembros del pueblo [ ] a gran parte de su territorio,
debe entenderse como requiriendo adicionalmente la obligación de
obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo [ ] según
sus costumbres y tradiciones’”.

La Ley Minera, inversión privada y despojo

El proyecto de modernización neoliberal implicó cambios al artículo 27
constitucional de 1992, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari,
que fueron el punto de arranque para que las tierras ejidales y
comunales, que abarcaban 52% del territorio nacional, fueran
ocupadas para el turismo, obras de infraestructura, la minería y
monocultivos. Dicha ley fue señalada de laxa por favorecer a los
intereses privados y se aprobada en vísperas de la firma del TLC, por
lo que es permisiva.

De esa manera fue crucial la adecuación de la legislación mexicana
para permitir la entrada de capital extranjero a la explotación minera y
a partir de 2005 las concesiones se otorgan por 50 años, con
posibilidad de renovación, y esta actividad es catalogada como
prioritaria por ser materia de utilidad pública, por encima de cualquier
otra, como la agricultura y el turismo. El detalle es que las concesiones
pueden ser utilizadas para la especulación, pues una empresa minera
puede tener una concesión y no explotarla y así regula el mercado.
La ley minera, después de 1992, sufrió modificaciones en varias
ocasiones y en un principio otorgaba concesiones para explorar y para
explotar, y la Ley de Inversión Extranjera señalaba que el capital
extranjero podía participar con 49 por ciento en cada proyecto, pero
con las reformas del año 2005 se impuso una sola concesión, para
explorar y explotar, y esta actividad se abrió totalmente a la inversión
extranjera.

Un punto de observación de las concesiones mineras es que en los
hechos despojan a la nación, lo cual no no ocurre cuando se otorgan
para bosques o agua, donde sí se cancela una concesión, quedan los
recursos, pero en el caso de las mineras, las que si se les cancela una
concesión se llevan todo y en cuanto a los pagos de derechos por la
concesión, se hacen por la superficie no por la cantidad de riquezas
que extraen, lo cual les significa a dichos concesionarios mineros un
gran negocio.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) las empresas canadienses son las que en México
predominan en la minería.

En cuanto a la operación de las empresas mineras debe destacarse
que estas se acercan a negociar con las comunidades en cuyo
territorio tienen concesionado el subsuelo, el acceso para explotar las
minas. Cuando son terrenos ejidales los que les interesan, la
Procuraduría Agraria, es la instancia para dar certeza jurídica a las
operaciones entre las partes: empresa minera y ejidatarios. Esa misma
operación se hace cuando se trata de derechos parcelarios, en donde
los propietarios pueden arrendar la parcela o venderla.

El quid del asunto es que las ofertas de arrendamiento se hacen para
30 años, cando el Código Civil para destino industrial, las rentas
permitidas son de 20 años, por lo que se opta por no hacer contratos
de arrendamiento, sino de ocupación y pueden ser contratos de uso,
usufructo o aprovechamiento total, una figura casi equivalente a la
compraventa para fines prácticos, con lo que se la saca la vuelta a la
ley.

El campesino es engañado muchas veces pues cree que la renta
obtenida le va a redituar más que teniendo ociosas sus tierras o en
actividades poco productivas y cuando se dan cuenta que las
empresas mineras al explotar las tierras provocan cambios
ambientales e incluso deforestación, alcanzan a comprender los
alcances de su decisión. Ante este fenómeno los ejidatarios afectados
pueden impugnar las concesiones a través de procesos legales, al
incidir sobre la vida social esos cambios generados en el ambiente por
la minería.

La base de la Ley Minera es que hay buenas prácticas mineras y
malas prácticas, como incluso lo consideran las autoridades del ramo,
pero lo cierto es que dicha legislación es tan permisiva que las que
predominan son las segundas, lo cual ha generado múltiples conflictos
socioambientales, como los conocidos de Pastas de Conchos y los
derrames sobre el Río Sonora de la minera de Grupo México.

El senador Napoleón Gómez Urrutia, en razón de diversas
modificaciones fiscales que en teoría implican crear una nueva y más
alta contribución económica de las empresas mineras, tanto
nacionales como extranjeras, ha explicado la realidad que se vive de
la siguiente manera: “…respecto de la situación de caos y desorden
que por obra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari prevaleció en
la privatización del sector minero y siderúrgico, y que sólo ha
beneficiado a las empresas y no ha reportado casi nada al Estado ni a
los trabajadores mineros ni a las poblaciones en las que se realiza la
actividad extractiva o industrial. Las cuantiosas utilidades que esas
compañías obtienen por la explotación de las riquezas del subsuelo
del país, que son propiedad de los mexicanos, sólo en 2011, sin contar
los años previos, ascendieron a 20 mil 148 millones de dólares, según
datos de la Secretaría de Economía, lo que indica el tamaño de la
inversión minera en México, tanto de nacionales como de extranjeros.
(…) Las cifras de esta desmesurada situación son conocidas. Las
empresas del ramo minero no pagan ningún derecho por la producción
de minerales, incluido el oro, y se les cobra sólo por la extensión de
los terrenos que explotan, lo cual ha sido considerado por diversos
analistas como un despojo vil contra la nación. En general, las
empresas pagan de 5 a 11 pesos por hectárea concesionada, que son
precios ridículos, si se piensa que más de la cuarta parte del territorio
nacional les está concesionada por el Estado, o sea, más de 50
millones de hectáreas, lo cual da unos resultados terriblemente bajos
respecto de lo que en otros países pagan las compañías mineras por
este concepto”.

El peso de lo sagrado

El peso de lo sagrado en la vida de los grupos originarios define su
esencia y cosmogonía.

Lo anterior resulta relevante, porque para las personas ajenas a las
etnias y sus tradiciones, cosmovisión, filosofía, usos y costumbres, no
significa lo mismo un predio, un cerro, el monte, la luna, el sol, las
estrellas, un río, un animal, una planta, un lago, un cenote o el mar,
pues para unos es un simple pedazo de tierra, un lugar para hacer
turismo o un bien susceptible de apropiación, para otros es parte de un
territorio ancestral de carácter sagrado o un objeto de gran simbolismo
místico y ritual. Por ejemplo, la Isla del Tiburón para el yori es la isla
más grande de México y para los comcáac, un lugar habitado por los
espíritus de sus ancestros; el venado para la tribu yaqui no es un
animal digno de ser cazado, sino su “hermanito flor” y lo mismo
sucede con la tortuga marina que para los seris simboliza el origen de
la vida de esa etnia o el mítico Río Yaqui, que para los yoemes es una
entidad sagrada de la cual emana y depende la vida de dicha tribu.

Respecto al tema de la identidad, en un fragmento de la intervención
de Pedro Uc en el Taller en Defensa de los Territorios, el 13 de febrero
de 2020 (Suplemento Orajasca 275, del periódico La Jornada),
explica:

“La identidad para nosotros los mayas es una cuestión sumamente
importante. Quizás en maya no existe como tal el término identidad,
pero existe en maya una palabra que es chi’i’ibal, que significa la familia
que nos une, la familia no por la sangre necesariamente, sino la familia
como forma de vida en el pueblo, entonces va más allá de lo que a lo
mejor se puede entender por identidad. El chi’i’ibal no puede entenderse
sin un espacio, no puede entenderse sin los elementos que conforman la
vida, no se entiende sin los animales, sin los árboles, sin los bejucos, sin
los pájaros, no se puede entender sin los modos de producción, sobre
todo la milpa. Este chi’i’ibal no se puede entender sin estos elementos.
Entonces ¿qué es lo qué hace maya a un maya? Lo que dicen que es
el chi’i’ibal tiene, decimos en maya, un k’i’inam, un dolor, tal vez en
castellano le pueden decir profundidad, no sé, tiene una carga que
consiste justamente en ver la vida conectada con todo. Esta conexión
con todo implica respetar, mantener ese todo. Es una forma de ver, de
entender la vida que tenemos los pueblos. Por eso nos parece extraño
que nos juzguen con mentalidad occidental —que consiste en que todo
hay que separar, en que todo hay que amurallar y dividir, donde todo
tiene que permanecer como propiedad de alguien; así nos sentimos
raros. Cuando nosotros pusimos un amparo contra ese famoso Acuerdo
de Sustentabilidad de la Península de Yucatán, el ASPY, sustentabilidad
era una palabra rara para nosotros. Y el juez nos dijo algo interesante a
mí y a otro compañero que somos los del amparo: ustedes tiene que
demostrar que tienen interés jurídico, interés legítimo.

Y nosotros dijimos: y qué chingados es eso, y nos respondió: ¿ese
acuerdo los está perjudicando en sus casas?, ¿ustedes tienen un
terreno, viven en un terreno, les está perjudicando en sus terrenos?
Pues no, dijimos. Entonces si no les está perjudicando en su terreno,
entonces no tienen uno de los dos intereses. ¿Y el otro?, dijimos. Bueno,
ustedes nos tienen que demostrar que son indios, así como dicen, que
son mayas.

Nosotros hemos leído la Constitución, le dijimos, que dice en el artículo
dos que es suficiente que nos reconozcamos como indígenas, si somos
hablantes de la lengua maya. Y bueno, usted más que nadie debe saber
qué dice la Constitución. Sí, pero yo trabajo con papeles y si me traes
un papel que esté firmado por alguna autoridad que diga que ustedes
son indios, entonces yo lo puedo validar, entonces ya tendrían su
interés, único, legítimo, y a lo mejor corre el amparo. Esto es lo que
dijo.
Duele porque eso es una violación a nuestra forma de ver nuestra vida
como mayas.

Nosotros le dijimos: mira, señor, nosotros entendemos la vida como
nuestro cuerpo, a lo mejor a mí esta uña no me sirve mucho, pero esta
uña no estoy dispuesto a quitarla, pues esta uña tiene una función.
Entonces cuando me dices que si mi cuerpo tiene un interés legítimo, un
interés jurídico, no entiendo, porque en esta otra mano tengo un dolor,
pues yo me imagino que este dolor que siento aquí tiene que ver con
este otro. Nosotros los mayas entendemos la Península como un cuerpo,
como un territorio, y si usted no lo entiende así yo no tengo la culpa.
Creo que la responsabilidad es de usted y me parece que los jueces
deben estar enterados de que la Constitución dice que somos un país
pluriétnico, pluricultural. Y me dice, sí, está muy bonito el discurso pero
yo necesito papeles.

Entonces fuimos al Indemaya, una institución allá en Yucatán que para
el desarrollo de la cultura maya en la Península. Fuimos y les dijimos si
nos podían dar un papel en donde dijera que somos mayas. Y
contestaron: pues nosotros no damos eso, les podemos dar una
constancia donde diga que hablan maya. No, pues los gringos también
hablan maya, nuestros enemigos también, dijimos. En fin, nos pusieron
estos dos problemas y creemos que es un juicio que se hace, desde las
formas de pensar occidental aplicadas a una forma distinta de mirar al
pueblo maya.

Así pasa también con los argumentos que están desgranados en las
instancias que hoy hablan sobre el tren. Dicen: estamos hablando con
las comunidades que van a ser afectadas, por donde van a pasar los
rieles; si una comunidad no está afectada por los rieles no tiene derecho
a impugnar; si una de mis manos la vuelan, la otra no tiene derecho a
impugnar. Porque no ven la Península como un cuerpo. Y nosotros
decimos: pues cómo no. Y lo sentimos como una violación, a nuestra
cultura. Además siempre nos acusan de que somos medio tontos porque
no sabemos interpretar la ley. Nosotros decimos, así la entendemos, no
sé cómo ellos no la pueden entender así, o no pueden o no quieren
entender. Qué está detrás de todo esto. Si finalmente es un destino ya
decidido y sólo tienen que buscar justificaciones para hacerlo.

Todo esto es para explicar la identidad, que no la podemos desligar del
territorio, es imposible.

En  el territorio está toda la vida que nosotros creamos. Es una vida
incomprendida a pesar de lo estudiada que está por muchos
especialistas. Y por desgracia ahí están las barbaridades que dicen los
especialistas, son las que quedan en la historia y no nos consultan a
nosotros, y sobre esas barbaridades construyen otras.

No se acercan a los pueblos para ver qué es lo que realmente creen y
piensan y viven. Una vez vino un antropólogo y me dijo; ¿tú sabes que
es peligroso hablar sobre la identidad?, eso de la identidad es una
cuestión conflictiva. Y le digo, es que tal vez no has ido a la Península a
hablar con los mayas y que te digan qué entienden, a lo mejor tú estás
pensando en la identidad como un término occidental fabricado desde
allá. Nosotros usamos el término de identidad como algo más o menos
cercano a lo que nosotros en maya decimos ch’i’ibal y para que tú
puedas entender lo que estoy diciendo, necesitas saber qué es lo que
realmente queremos decir y si no pues no se entiende.

Esta relación identidad y territorio nos construye una vida: es cómo
encontramos nuestros saberes, qué tiene que ver con nuestra propia
vida. Yo nací en una familia monolingüe. Mis papás son mayas y yo lo
que aprendí a hablar es maya; medio hablo el español, pero en realidad
yo hablo maya. Entonces lo que mi papá me decía, que creo es un buen
consejo, me decía: hijo, tenemos que ir a la milpa porque necesitas (o
necesitamos) aprender a crear nuestra propia comida, si logramos
producir lo que comemos evitamos la esclavitud.

Y pues íbamos a la milpa, pero además decía: la milpa es el corazón de
la montaña; la milpa también es selva, porque la milpa que hoy no tiene
árboles grandes, en diez años ya los tiene otra vez, y así vamos dando
vueltas con ese círculo y no necesitas sembrar arbolitos para reforestar,
sólo déjalos descansar, dales sus tiempo y su espacio, que así sí se
siembra la vida y no el engaño.

Íbamos a la milpa y aprendíamos muchas cosas. En castellano
podríamos decir que la milpa es una escuela, porque aprendemos el
nombre de las flores, a distinguir los colores, la selva es verde pero
tiene sus tonos. Es un arcoíris la selva.

Caminando entre las hierbas, mi padre me decía: mira bien esta hierba,
se llama tal, ya la reconociste, sí, ve sus forma, pues esto es medicinal,
esto te cura la tos, esto te cura la hinchazón de garganta.

Aprendemos a distinguir las hierbas que nos curan y decimos: pues esta
hierba hay que cuidarla. Seguimos en la milpa y encontramos
serpientes, y me decía mi papá: una cosa importante tienes que
aprender. Las serpientes que no son venenosas cuando te ven huyen,
las serpientes que son venenosas no huyen, pero tampoco atacan. Están
ahí, no las molestes. Si por descuido la pisas, pues entonces sí te va a
morder, pero aquí está la hierba que se llama igual que la serpiente que
es k’óok’ob y esta hierba rapidito la machacas, la pones ahí, le exprimes
poquito el caldo y te la tomas y se acabó. Aprendemos muchas cosas en
la milpa y cuando uno crece y se hace adolecente y joven, nace una
cosa que en castellano le podemos llamar el cariño por ese espacio;
obviamente alguien que creció en la ciudad y desde muy pequeño creció
en una casa donde no hay árboles y que se abastecía de su comida en
los supermercados, no va sentir el amor que nosotros sentimos por ese
espacio, no lo entendería, porque para nosotros no es sólo cuestión de
entenderlo, es también lo que sentimos.

El problema es que muchas veces no nos respetan. Entramos en una
discusión difícil cuando vienen los megaproyectos justificados muy bien
desde esa visión occidental, con argumentos muy bien estudiados desde
las universidades: cómo justificar la destrucción de la tierra, la
deforestación. Le ponen nombres bonitos, le ponen sustentabilidad:
deforestar 500 hectáreas de tierra es sustentabilidad, es desarrollo, es
sacar al pueblo indio de la marginación, es hacerle justicia al sureste
que está abandonado.

Entonces traen maquinarias y se chingan los árboles. Ellos dicen que es
mucho más productivo un aerogenerador de 180 metros de alto y 60
metros de aspas. Traen sus máquinas, arrasan y les vale un comino, si
este árbol produce miel, si este árbol produce comida. Tenemos en
Yucatán un árbol que en español le dicen bonete pero en maya le
decimos K’úumche’, que es comida y bebida, y si de repente no tenemos
tortilla con eso comemos, pero la maquinaria que meten a destruirlo no
sabe eso, ni siente.

Menos el que ordena destruir esto: tampoco siente. Siembran
aerogeneradores que no les van a servir a la gente porque no son para
el pueblo, sino para Cinépolis y otras empresas y ahora para el tren y
sus polos de desarrollo. Uno de los representantes de la empresa me
dijo una vez, un francés, un tipo que habla no se cuantos idiomas
interesantes, y cuando empieza, a la asamblea le habla como en
español, luego como en francés y luego como en chino. Quién sabe
finalmente qué habla y se pone muy nervioso y dice: imagínense
ustedes, nunca han visto un paisaje tan bonito de mil aerogeneradores o
una plancha de espejos. (No estoy hablando del siglo XVI, estoy
hablando de este tiempo de ahora.)

Así es como lo ven ellos y así es como nos lo quieren hacer creer. Y
claro, en esta deforestación que viene y que nos da pena y dolor,
muchas veces argumentan que es una propiedad privada, que es de
fulano de tal y nos dicen: nosotros no estamos afectando la propiedad
de la comunidad, y así hablando y haciendo los contratos con los
‘dueños’ de estas tierras.

Pues sí, pero la Península es territorio maya, es nuestro cuerpo como
pueblo, podrá tener un documento en donde diga que es dueño, pero
toda la Península es cuerpo maya, es de la Península de Yucatán y todos
nosotros nos dolemos por eso, los que hemos crecido ahí y hemos
crecido como comunidad maya, como pueblo maya pues no podemos
sentirnos ajenos a eso, y por eso en la Red de Defensores del Territorio
Múuch ́ Xíinbal no podemos, no queremos vender la tierra. Hay una
relación histórica con este lugar, con esta península, tiene que ver con lo
que nos cuentan nuestros abuelos, ellos nos han dicho: tienes esta
tierra con la que has vivido. Nos ha costado dolor y tristeza y hay que
cuidarla. Y recuerden que si no hay tierra para cultivar, si no hay tierra
para sembrar, no va a haber comida”.

El preocupante proyecto del ministro Laynez

El proyecto de sentencia del AR-928/2019, argumenta peligrosamente
que una disposición normativa tiene que ser consultada sólo cuando
tenga la posibilidad de afectar directamente a los pueblos indígenas y
considera que una norma no es inconstitucional per se, por omitir
mencionar la obligatoriedad de un procedimiento específico. La sala
considera que la omisión de mención de consulta y consentimiento en
la ley minera se soluciona por medio de la integración del parámetro
de regularidad constitucional y, por lo tanto, la obligación de consultar
subsiste sin que sea necesaria declarar la inconstitucionalidad de la
ley minera ni ordenar el proceso de armonización constitucional de la
misma. Esa interpretación restringida y restrictiva que se hace para el
caso de la ley minera, constituye una clara transgresión del derecho
de los pueblos indígenas al derecho a la tierra y al territorio, el derecho
a la libre determinación, el derecho a existir como pueblos indígenas,
al derecho a ser consultados, a acceder a los recursos naturales, a la
reproducción de su cultura, y el derecho a un desarrollo propio.

Dicho argumento sobre el impacto directo se teje a partir del recuento
y comentario del artículo 2 constitucional y varios artículos del
Convenio 169 de la OIT. La sala concluye que entre los derechos y
“prerrogativas” de los pueblos indígenas, efectivamente está “el de
autodeterminación y el de ser consultados cada vez que se prevean
medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente…”. 

El proyecto comentado y sobre el que la CNDH llama la atención,
revisa varias acciones de inconstitucionalidad resueltas por el pleno de
la Suprema Corte sobre la omisión de consulta en medidas legislativas
y concluye que, conforme del artículo 6 del Convenio 169,  los pueblos
tienen el derecho a ser consultados sólo cuando se prevean medidas
susceptibles de afectarles directamente, y que la “prerrogativa” se
desprende del texto del artículo 2 constitucional por el reconocimiento
del derecho a la autodeterminación, a la preservación de su cultura y
su identidad, al acceso a la justicia, a la igualdad y no discriminación.
 
La sala retoma el criterio de la acción de inconstitucionalidad 151/2017
según el cual, la consulta y el consentimiento proceden cuando los
contenidos de las medidas legislativos versen sobre derechos de los
pueblos indígenas.

El criterio argüido equivale a reproducir y reconocer la exclusión y
discriminación avalada en la ley de los pueblos indígenas, por el solo
hecho de que la Ley Minera no refiere en su texto a pueblos indígenas
y que solo estos pueblos originarios pueden ejercer sus derechos
cuando el legislador así lo establezca, en una aberración total. Lo
anterior habida cuenta que sólo en las leyes específicas para los
pueblos indígenas son aquellas en las que estos pueden participar,
cuestión que resulta abiertamente contradictorio con el principio de
igualdad y la obligación de inclusión plena de todos los grupos de
población.

El proyecto del ministro Laynez, sostenía que “las normas reclamadas
regulan aspectos generales de la minería, atribuciones de la autoridad
de la materia, los sujetos que pueden aspirar a una concesión,
asignación o reserva minera, el procedimiento para otorgarlas, así
como los derechos derivados de su titularidad” y tajantemente
consideraba que en virtud de que la ley no menciona a los pueblos
indígenas, para la Segunda Sala “el contenido de la Ley Minera,
simple y sencillamente no se vincula directamente con los intereses y
derechos de los grupos indígenas involucrados”. Y luego añadía como
cerrojazo a su razonamiento: “…basta acudir al contenido de los
artículos 1 y 2 de la ley analizada para advertir que su objeto es la
minería y los actos que conlleva dicha actividad, tales como
exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias
mencionados, así como de las salinas, sales y sus subproductos, no
así los derechos y prerrogativas de los pueblos y comunidades
indígenas ni siquiera aquellos que conlleva el diverso de
autodeterminación”.

Lo antes argumentado partía de una tergiversación de la vida real de
las comunidades y pueblos indígenas y la problemática que surge a
partir de explotación de recursos naturales y de las relaciones sociales
en general, y al reconocer la Ley Minera el derecho de preferencia, lo
que significa que pueden impactar las formas de vida de los pueblos
indígenas y sus derechos, pues las afectaciones de una ley no parten
de la materia que regulan, de los sujetos a los que van dirigidas, ni si
la ley reconoce o tiene en cuenta tales afectaciones, sino de la forma
en que se concretan materialmente las disposiciones legislativas en la
vida de los ciudadanos y en el goce y ejercicio de sus derechos.

Entre los comcáac (seris) hay preocupación por la presencia de
personas que han registrado concesiones mineras ubicadas en su
territorio sagrado sin autorización de las autoridades tradicionales, ni
con consulta previa a esa etnia.

Es tal el impacto del proyecto que organizaciones y representantes de
comunidades advirtieron que el proyecto de resolución del ministro
Javier Laynez Potisek sobre diversos aspectos de la Ley Minera, que
pidieron en una carta dirigida a la Suprema Corte no aprobarlo. 

En el documento enviado por organizaciones y comunidades se
señala que en el origen la Ley, les debió ser consultada por el
Congreso de la Unión, así como regular en su texto mecanismos para
respetar y proteger sus derechos fundamentales como el territorio, el
agua y la autodeterminación. 

Explican que el proyecto de resolución se limita a afirmar sin mayor
sustento que "el contenido de la Ley Minera no se vincula
directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas
involucrados", lo cual preocupa porque invisibiliza las afectaciones que
la implementación de la Ley Minera ha ocasionado sobre los derechos
de ellos.

Entre los firmantes están el Consejo Maseual Altepetajpianij, el
Consejo Tiyat Tlali, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el
Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan y plantean
que las afectaciones fueron demostradas en los peritajes, y en general
la problemática ha sido ampliamente estudiada por organismos
internacionales, las organizaciones de la sociedad civil mexicana y el
propio Poder Judicial de la Federación. 

Ejemplificaron que en varios juzgados federales de Guerrero, Puebla,
Oaxaca, y San Luis Potosí han llegado en diferentes momentos a la
misma conclusión: el otorgamiento de concesiones mineras en
territorios indígenas ha sido inconstitucional en tanto no se ha
garantizado su derecho a la consulta previa, libre e informada por los
impactos significativos que tal actividad conlleva.
 
Consideran en su escrito que la Ley Minera es un instrumento que
posibilita la expedición de títulos de concesión con los que se despoja
a los pueblos y comunidades indígenas de sus territorios y por ello el
proyecto constituye un paso atrás en la protección de los derechos de
los pueblos, en especial si se toma en cuenta el contexto actual,
donde 35 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado
a empresas mineras.

Por su parte los citados profesores Alfonso y Peláez, amplios
conocedores del tema, precisan que: “En primer lugar, el artículo 15 de la
ley minera, establece la posibilidad de otorgar una concesión minera por 50
años, prorrogables por otros 50 años. En el papel, la ley no dice que eso
afecta a los pueblos indígenas y, sin embargo, en la práctica lo que esta
disposición implica para los pueblos indígenas, es que el Estado y un tercero,
deciden el modelo de desarrollo que debe seguirse en su territorio y, con ello,
eliminan una de las dimensiones más importantes del derecho a la libre
determinación de los pueblos en sus tierras y territorios. Jurídicamente,
afirmar que el artículo 15 de la ley minera no tiene ninguna relación con los
derechos de los pueblos indígenas implica aceptar que el derecho a la libre
determinación en el uso del territorio se diluye ante una concesión o proyecto
minero. En la práctica, esta afirmación equivale a que un pueblo indígena con
vocación campesina será forzosamente convertido en un pueblo minero —por
vías consideradas legales aunque no justas—. Lo anterior se refuerza con el
contenido del artículo 6 de la Ley Minera que, en su primer párrafo, declara a
la actividad minera como una actividad preferente lo que se convierte en una
forma de jerarquizar y elevar la importancia de la minería por encima de los
usos sociales y tradicionales del suelo que los pueblos y comunidades
indígenas desarrollen en sus territorios. En últimas, la valoración de la
minería como actividad preferente, se convierte en un obstáculo para el libre
ejercicio de los usos sociales y tradicionales del suelo, favoreciendo una
estructura jerárquica de los usos del territorio sin ningún fundamento
constitucional.

El artículo 19, numeral IV de la ley minera, entre otros derechos, le confiere al
titular de la concesión la posibilidad de obtener la expropiación, ocupación
temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para
llevar a cabo las obras y trabajos de exploración. La sola posibilidad de
expropiación del territorio para favorecer el desarrollo de la actividad minera
implica un impacto directo sobre uno de los elementos centrales para la
supervivencia de los pueblos indígenas —el territorio—. Igual sucede con la
ocupación temporal que, a diferencia de lo que su nombre indica, no es
temporal si tenemos en cuenta que autoriza a un tercero a usar el territorio
de forma absoluta —sin tocar el derecho de propiedad— por el mismo
periodo de la concesión —50 años prorrogables por otro periodo igual—. En
términos jurídicos, entonces, no es cierto que esta disposición de la ley minera
esté desconectada de los derechos de los pueblos indígenas y por el contrario
se hace evidente que la norma es susceptible de afectar directamente la
forma de vida de los pueblos y por tanto, existe una posible afectación de sus
garantías legales y constitucionales.

El análisis rápido de estos tres artículos —que podría extenderse a muchos
otros de la ley minera— muestran que a pesar de la falta de mención de los
pueblos indígenas y sus derechos en la ley, sí existen impactos directos
susceptibles de afectarles y, por tanto, existía la obligación de consultar y
obtener el consentimiento libre, previo e informado de la medida legislativa.
La obligación constitucional e internacional ya existía al momento de
expedición de la ley minera y hoy la Suprema Corte puede corregir tal omisión
del pasado”.

Con el retiro del proyecto de sentencia del ministro Laynez sobre el
amparo en revisión 928/2019, relativo a la Ley Minera y los derechos
de pueblos y comunidades indígenas, se abre una ventana de
oportunidad para que en el Máximo Tribunal se debata a fondo un
tema de trascendental importancia como son los derechos ancestrales
al territorio y sus recursos naturales que son parte de la vida de los
grupos originarios, así como su derecho al desarrollo tan anhelado.


(Una colaboración de la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos Sección Guaymas (ANAD-Guaymas) Dirección de
Comunicación Social)

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