Desde Cajeme, otra historia de terror

Arturo Soto Munguia /    2022-06-01
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Cuando llegue la hora del recuento, las estampas de las ‘madres buscadoras’ van a ilustrar uno de los episodios más tristes, dolorosos y escalofriantes de estos días que corren.

 

Esas mujeres que van por la vida buscando bajo la tierra a sus desaparecidos, que se cuentan por miles en el territorio nacional, armadas de picos y palas, y a veces sin más que sus propias uñas son las postales que documentan años de terror y desesperanza. Décadas en algunos casos.

 

Pero también el quiebre institucional. El pasmo de un Estado que si no pudo evitar la muerte de sus familiares, al menos debería ayudar a localizarlos para darles cristiana sepultura, para ahuyentar la zozobra y la incertidumbre que horada sus corazones con la ausencia.

 

Muchos se rieron (nos reímos) cuando la entonces alcaldesa de Guaymas, hace un par de años regaló a un grupo de esas mujeres, palas, picos, cubetas, agua embotellada para colaborar con sus trabajos de búsqueda. Pero callaron (callamos) cuando las propias madres agradecieron públicamente esa ayuda que, dijeron, siempre será mejor que la indiferencia.

 

Con los años, esos grupos de mujeres se han organizado más, han aprendido a gestionar apoyos gubernamentales y de organizaciones internacionales de derechos humanos. Han sido largas las batallas y en el camino algunas han encontrado la muerte a manos de esos mismos que mataron a sus hijos. Sus historias son escalofriantes.

 

El gobierno ha hecho lo propio. En Sonora, la Fiscalía estatal recién presentó una aplicación móvil llamada IDSonora que ya está disponible en todo el país y en Estados Unidos, que permite a familiares de desaparecidos acceder de manera rápida y eficaz a cédulas de identificación forense que se irán publicando en forma programada y que incluirá los años anteriores a 2021.

 

Para darse una idea de la gravedad del problema, la Fiscalía tiene bajo su resguardo un total de mil 745 cuerpos que no han sido reclamados por familiares y cuya muerte data del año 2006 a la fecha.

 

Mediante esta aplicación, cuatro familias identificaron a sus familiares desaparecidos en las cédulas forenses publicadas en esta aplicación que en sus primeros 20 días fue ‘bajada’ por 2 mil 557 usuarios.

 

Hasta aquí todo bien con este caso de éxito. Pero (siempre hay un pero) ayer la hermana de un joven que murió en junio de 2019 y fue exhumado el pasado martes para entregarlo a sus familiares, hizo público el calvario que sufrieron durante tres años, y las omisiones o descuidos del personal de la Fiscalía, que deberían haberlo exhumado desde un día antes, pero como el responsable del panteón Del Carmen donde fue sepultado en la fosa común no fue a trabajar, eso ocasionó un retraso.

 

La historia, contada por la hermana del difunto en su cuenta de Facebook, es muy diferente.

 

El joven desapareció el 29 de junio de 2019 y falleció un día después en un accidente. Durante cinco meses, el cuerpo permaneció en las instalaciones de Medicina Legal, pero desde el 17 de julio de ese mismo año, su madre lo reportó como desaparecido, aportando fotos, señas particulares y sometiéndose a una prueba de ADN.

 

“Mientras mi mamá lo estaba buscando ellos lo tenían en Medicina Legal y siempre le dijeron que no estaba”, escribe la hermana.

 

Pero eso no es todo. El 5 de noviembre de 2019 lo entierran en una fosa común y su familia lo siguió buscando durante tres años. Hace un par de semanas les hablaron para decirles que había ‘botado’ el ADN (supongo que es una forma coloquial de decir que hubo resultados positivos a las pruebas entregadas por la madre tres años atrás).

 

El cuerpo del joven estaba en el panteón del Carmen en una fosa común donde la propia hermana tuvo que abrir zanjas y descubrir uno y otro y otro féretro para descubrir que ninguno era su hermano. El personal de la Fiscalía no sabía exactamente dónde lo habían enterrado. Existe un oficio con indicaciones para dar con el cuerpo, pero finalmente fue encontrado en un lugar diferente.

 

Con el agregado de que para la búsqueda, la joven tuvo que pagar al personal del panteón para que le ayudaran a cavar donde se suponía que estaba. Al no hallarlo, tuvo que rentar una retroexcavadora, pero tampoco así lo encontraron.

 

Cuando eso sucedió, la joven reaccionó indignada y diríase que con justa razón. Los retrasos para la localización no tienen que ver con el día que faltó a su trabajo el encargado del panteón, sino con los tres años que pasaron desde que el cuerpo del joven estuvo en Medicina Legal y su madre quizás a unos cuantos metros entregando sus pruebas de ADN, hasta ayer que lo exhumaron y lo entregaron.

 

Y aquí es donde entran todas las dudas. Cuando la fiscalía alude a los mil 745 cuerpos en resguardo, ¿alude también a los que han sido sepultados en la fosa común, como en este caso, y que ni siquiera ellos mismos saben exactamente dónde se encuentran?

 

La narración de la chica es espeluznante. Remite a la búsqueda frenética, paleando tierra, escarbando, abriendo ataúdes y descubriendo cadáveres que no son el que buscan.

 

Apenas ayer observaba el video que subió a su cuenta de Twitter Cecy Flores, una madre buscadora, en el que aparece escarbando con una pala en un sembradío de Juan José Ríos, en Sinaloa, donde alguien le dijo que estaba enterrado su hijo. Detrás de ella, aparece una agente de la Guardia Nacional de pie, con gesto de enfado, espantándose las moscas y secándose el sudor de la calurosa tarde. (Cecy ha solicitado protección pues ya recibió amenazas, pero ni la municipal ni la estatal de Sinaloa acudieron a su llamado).

 

Esas terribles estampas son las que configuran el paisaje del México de hoy. Imágenes que documentan lo que no debería estar pasando y que sin embargo, pasa con más frecuencia de lo que nadie quisiera.

 

Por lo menos, creo, a los familiares de ese joven la Fiscalía les debe una disculpa. Por lo menos.

 

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