-La medida fortalece la seguridad, regula el manejo de químicos y garantiza la eficiencia de los servicios de protección civil en el estado.
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Congreso del Estado incorpora nuevos derechos en la Ley de Hacienda para sustancias químicas agrícolas
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Hermosillo, Sonora; 11 de diciembre de 2025.- Para fortalecer la coordinación en materia de protección civil y asegurar que los establecimientos cumplan con medidas de seguridad requeridas, contribuyendo así a la protección de la ciudadanía, el Congreso del Estado aprobó armonizar la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
Durante la sesión, la diputada Ely Sallard Hernández, presidenta de la Comisión de Hacienda, dio lectura a la iniciativa remitida por el Ejecutivo estatal, que armoniza la legislación local con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta normativa establece la participación de autoridades estatales para garantizar la seguridad, ubicación y condiciones técnicas de los establecimientos que manejan estas sustancias.
Detalló que se establece un catálogo específico de derechos por los servicios que presta la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), tales como análisis de riesgos, visitas de inspección, dictámenes de seguridad y opiniones técnicas sobre establecimientos que manipulan, procesan, almacenan o comercializan sustancias químicas que, si bien pueden ser empleadas en la fabricación de explosivos, también tienen aplicaciones legítimas en el sector agrícola, como fertilizantes y otros insumos.
La legisladora explicó que esta medida permitirá brindar mayor certeza jurídica a las autoridades estatales y a los particulares; recuperar costos derivados de la prestación de servicios técnicos especializados; fortalecer las finanzas públicas, garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios estatales de protección civil; y contribuir a la seguridad ciudadana y la correcta regulación de materiales de riesgo.
La iniciativa se sustenta en disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora y del marco fiscal federal, que establecen la obligación de contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa, así como la facultad de imponer derechos por servicios que presta el estado en su función regulatoria.
Las nuevas disposiciones contemplan que para el uso y compraventa de sustancias químicas relacionadas con explosivos utilizados en la agricultura se cobrarán cuotas que van desde 150 hasta cuatro mil 250 pesos. Por concepto de almacenamiento, se fijará un costo de tres mil 150 pesos, además de un cobro adicional por unidad para volúmenes superiores a un millón de litros o kilogramos, aplicable en ambos rubros.
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