Sin Medias Tintas

Una elección sin pueblo

Omar Alí López /    2025-06-03
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El 1 de junio pasará a la historia como una fecha peculiar en la vida pública del país. No por la masiva participación ciudadana ni por el entusiasmo democrático de la mayoría. No. Pasará como un experimento de ingeniería política y un espectáculo electoral.

Se celebró la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Una reforma impulsada bajo la bandera de la democratización, la lucha contra el elitismo jurídico y la “refundación” de la justicia desde abajo, con una intención —hay que decirlo con claridad— que podría ser defendible: abrir las estructuras cerradas del poder judicial. Sin embargo, el problema no fue el “qué”, sino el “cómo”.

En efecto, democratizar no es sinónimo ni de improvisar ni de imponer, ni de llenar boletas con miles de nombres desconocidos para que la gente vote a ciegas, sin información clara ni elementos de juicio reales. Democratizar, en todo caso, implica preparar, educar, involucrar y construir procesos colectivos de participación. Pero nada de eso ocurrió.

Ahí están los números, y estos no mienten. A pesar de la movilización, la propaganda, los llamados del gobierno federal, y los discursos que insistieron en que estábamos ante “un momento histórico”, la participación ciudadana apenas superó el 13% del padrón electoral —y permítanme dudarlo—. De cada 100 mexicanos con derecho a votar, 87 decidieron no hacerlo.

No se trató, como algunos voceros han querido justificar, de “apatía cívica” o “falta de compromiso del pueblo”. Fue, en todo caso, una expresión de desconfianza y desconexión. En consecuencia, la gente no acudió a votar porque no entendió el proceso, no conoció a los candidatos, y —en muchos casos— ni siquiera supo qué se estaba eligiendo realmente.

Por otra parte, ¿qué ciudadano común es capaz de comparar las credenciales de cinco jueces civiles, tres magistrados laborales y un ministro de la Suprema Corte?, ¿Cuántas personas tuvieron acceso a un debate, una entrevista, una propuesta, o incluso un rostro, de alguno de los más de 7,800 candidatos registrados?

Por lo tanto, la elección no fue ciudadana sino simbólica. Fue un salto hacia atrás, una simulación de democracia, porque en democracia se elige con información, con deliberación, con garantías mínimas de conocimiento y transparencia, y nada de eso hubo.

Además, el propio Instituto Nacional Electoral ya había reconocido que esta elección presentaba retos inéditos, ¿pero, tantos, como para que el conteo de votos no se hiciera en las casillas sino en los consejos distritales, y los resultados definitivos estén disponibles hasta el 15 de junio, dos semanas después del ejercicio? Entonces, ¿qué clase de legitimidad puede tener un proceso cuyos resultados se conocen a destiempo y que desde el primer momento fue opaco para la mayoría de los votantes?

Aun así, hubo quienes salieron a celebrar e incluso alguien dijo que fue una “revolución pacífica de la justicia”; no obstante, tras esa narrativa triunfalista se esconde una verdad amarga: se impuso un nuevo modelo sin consenso, sin participación real y sin legitimidad social.

Y aunque una elección judicial no es un trámite, así pareció. Más aún, hablamos de una apuesta institucional de fondo que puede alterar de manera irreversible el equilibrio entre los poderes del Estado. En este sentido, un juez que depende del voto popular —y, por tanto, de la lógica partidista y la campaña electoral— se convierte en rehén de las mayorías circunstanciales. Y eso no es justicia, sino populismo judicial.

Como lo dije antes, la función judicial exige imparcialidad, estabilidad y técnica, y no la lógica de las urnas. El juez no representa intereses ni hace campaña. Al contrario, el juez interpreta la ley, garantiza derechos, limita abusos del poder. Por consiguiente, cuando se politiza la justicia, cuando se convierte en un campo de disputa electoral, se corrompe su función.

Lo de ayer fue un experimento inútil para acercar la justicia al pueblo. Lo que sí demostró con claridad es que el pueblo no se siente representado en esa reforma, que no la entiende y que no la acompaña.

Ahora bien, independientemente de quiénes serán los jueces y magistrados electos —aunque ya sabemos qué perfiles llegaron a las boletas—, lo urgente es preguntarnos qué tipo de justicia estamos construyendo. Porque una justicia votada por el 13% de la ciudadanía no es una justicia popular, sino una justicia vulnerable. Y una justicia vulnerable es un Poder Judicial debilitado, dependiente, frágil ante las presiones del poder y del clientelismo político.

En suma, lo de ayer no fue una fiesta democrática… fue un simulacro. Un intento fallido de cambiar el fondo con las formas, sin contenido real. Una elección que, paradójicamente, deja más dudas sobre la justicia que certezas sobre su renovación.

México ya no será el mismo.

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