Algo huele a represión… No es algo nuevo, pero sí más descarado. En pleno 2025, la transformación ha decidido sin pudor criminalizar la crítica, y como nada silencia mejor que una celda con cerradura jurídica, lo ha hecho con herramientas legales; con códigos penales bajo el brazo y el rostro adusto de la institucionalidad. El Congreso morenista de Puebla aprobó una reforma que castiga con hasta cuatro años de cárcel los "insultos" en redes sociales. El nuevo delito es “ciberasedio reiterado”; pero su espíritu no es más que el del viejo autoritarismo recalentado. Lo que antes se resolvía con argumentos, hoy se sofoca con sentencias, porque basta con que una autoridad, un político o un funcionario se diga “ofendido” para activar el brazo penal del Estado contra quien ose llamarles lo que son. Se crea el delito bajo el noble argumento de proteger a las mujeres del acoso virtual. ¿Quién podría estar en contra de eso? Pero si le escarbamos tantito, nos damos cuenta de que no se castiga el odio, sino el desacuerdo incómodo. El blanco es el ciudadano molesto que se atrevió a llamar “corrupto” a su alcalde; o el periodista que cuestionó las cifras mágicas de seguridad. El texto de la ley publicada es tan vago, tan elástico, que cabe en él tanto una amenaza real como una crítica legítima. Y eso es lo peligroso: que todo entre y nadie sepa cómo salir. Pero el golpe más seco vino de Campeche, donde una jueza vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, jubilado, exdirector del diario Tribuna. ¿Su crimen? Publicar notas que —según la gobernadora Layda Sansores— “incitan al odio” contra su persona. ¿Las pruebas? Todos queremos verlas. ¿Los hechos? Notas críticas y editoriales con filo. Pero nada que justifique el castigo de la prohibición de ejercer el periodismo por dos años, el cierre de su plataforma digital, y una indemnización de dos millones de pesos por daño moral. Y hoy tenemos a un periodista vetado para escribir, un medio cerrado por incomodar… y todo legal. Este autoritarismo ilustrado evidencia que no hace falta quemar textos si puedes legislar su silencio, porque la mordaza se perfecciona cuando se disfraza de ley. El gobierno del segundo piso ha encontrado en la narrativa de los derechos (digitales, humanos, sociales) un instrumento formidable para el control. No censura como lo hacía el PRI de los años setenta —a garrotazo limpio y con líneas directas al redactor en turno—. No. Aquí se censura con la toga del juez, el voto de la mayoría calificada y la rúbrica de un dócil congreso. Y no es un caso aislado. México se suma tristemente a la lista de países que busca llenar sus cárceles con periodistas, abogados y activistas, todo en nombre del orden. Porque no se encarcela por pensar diferente: se encarcela por “incitar al odio”, por “reiterar insultos”, por “ciberasediar”. Y algunos creían que la neolengua era ciencia ficción. Y mientras tanto, los del poder se victimizan diciendo que sus críticos son corruptos, y que los medios son parte del "bloque conservador". Una narrativa tan monótona como efectiva, porque no importa cuántas advertencias lance la ONU ni cuántas alertas emita Artículo 19 ni cuántas columnas denuncien la criminalización del periodismo. El poder responde con más poder, no con autocrítica. Y la sociedad, entre tanto, bosteza. Hay protestas y comunicados; pero también hay una peligrosa costumbre de normalizar el autoritarismo suave. Ese que no grita ni fusila, pero sanciona, aplaza, elimina derechos y te señala en público. Ese que no necesita tanques, porque ya tiene cuentas de X, congresos aliados y jueces a modo. Hay quienes dicen que esto no es censura, que es simplemente regular el discurso de odio. Pero conviene recordar que regular la palabra sin garantías procesales es abrir la puerta al castigo selectivo. Y en un país donde la impunidad es norma, cada ley ambigua es un arma que espera dueño. Hoy trabajamos en la trinchera, como lo hemos hecho durante décadas entre narcos, políticos corruptos y empresas que compran silencios; pero ahora, además, debemos cuidarnos del código penal, porque hoy la pluma puede costarnos la chamba, el medio o la libertad. Lo que ocurre hoy en México no es nuevo, pero sí cada vez más descarado. La censura ha dejado de ser rústica y se ha convertido en una maquinaria jurídica, diseñada para parecer legítima, pero con un propósito claro: acallar la disidencia. Si la crítica duele, que duela… Eso es democracia. Pero si la crítica se encarcela, entonces, ¿qué queda? Un país de susurros, un periodismo con miedo. y una ley al servicio del silencio. Y, sin embargo, hay más periodistas en los cementerios que políticos corruptos en la cárcel. Vamos bien.