Tortillas Cargill
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Recientemente se le dio difusión a la incursión del corporativo Cargill en la fabricación y comercialización de harina de maíz en el mercado mexicano. Al parecer no hay espacio del mercado nacional que no pretenda ser ocupado por estas instancias corporativas, que ahora se encargarán de hacernos hasta las tortillas. Y es que el mercado nacional de la tortilla, no es despreciable. El país consume anualmente casi seis millones de toneladas de tortillas, que representan un flujo de 130 mil millones de pesos.
Entidades como Cargill, se instalaron en México hace cerca de ochenta años. En 1972 abrió su primera oficina en territorio nacional, apenas con seis empleados, pero su dimensión monopólica la consolidó a la sombra y condescendencia del TLCAN-TMEC, que ha facilitado la usurpación del mercado nacional, con el consecuente debilitamiento de la economía interna, el estancamiento económico, la desindustrialización y el desempleo creciente; la migración, la expansión de la economía informal y la profundización en la dependencia alimentaria.
La abdicación del Estado a su obligación regulatoria, para proteger a los productores nacionales, industriales y cadenas productivas domésticas, le ha dado manga ancha a estas instancias corporativas que en todo escenario comercial terminan ganando y soportando su renta y acumulación en la desintegración de la economía nacional, la descapitalización interna y el ahogamiento de todo impulso agroindustrial.
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos –tomado por los corporativos agrofinancieros- reconoce la importancia del mercado mexicano de alimentos, al cual valora con un estimado de 90 mil millones de dólares anuales y presume que actualmente dominan una tercera parte del mismo, al tiempo que expresan el propósito de incrementar aceleradamente la toma de mayores porciones, para lo cual le exigen al gobierno mexicano acelerar la modernización de los principales puertos fronterizos que les permita agilizar la exportación hacia México. Se ve que en el avasalle comercial, el mercado de la tortilla no se les escapa.
Este es el contexto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum, hace menos de un mes, firmó el Acuerdo Nacional Maiz-Tortilla, con el objetivo de mejorar la cadena de producción y mantener los precios. El acuerdo repite el esquema fracasado de los Pactos contra la Inflación, firmados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, precisamente con los grandes corporativos importadores de granos básicos y alimentos, a quienes se les liberó de todo arancel bajo la promesa de que no subirían los precios.
En el Acuerdo Maíz-Tortilla, los protagonistas no son los productores nacionales de maíz, tampoco la representación mayoritaria de los más de 110 mil establecimientos que elaboran tortillas en el país. La foto que engalanó la firma, es por demás elocuente: destaca Altagracia Gómez, propietaria del corporativo MINSA, quien junto con MASECA y ahora Cargill, avanzan en la corporativización del mercado de la tortilla. Una ofensiva, que con el favor del gobierno, ejerce competencia desleal y amenaza con la desarticulación de los pequeños y medianos industriales de la masa y la tortilla.
Si algún producto de consumo básico expresa el fracaso de los pactos contra la inflación, es la tortilla. De 2019 a 2025, el precio promedio del kilo de tortilla brincó de los 14 a los 24 pesos, alcanzando los 30 pesos en algunos estados de la república.
Lo peor de esta política antiinflacionaria, es que le sirve de pretexto al gobierno para abandonar a las principales regiones del país que tienen el potencial, las vocaciones y todavía las capacidades instaladas para sumarse al propósito que restablezca el concepto de agricultura nacional, guiado por un plan alimentario que se proponga reducir la dependencia y fortalecer las cadenas productivas y comerciales del mercado interno.
No encarar a los grandes importadores y entregarles el mercado nacional a los corporativos agro-financieros, en el contexto internacional de inestabilidad, guerra arancelaria y conflictos bélicos que impactan severamente a los mercados globales alimentarios, es un error estratégico que puede encaminar al país a la expansión del hambre que ya golpea a más de 10 millones de mexicanos.
Durante su gobierno, Andrés Manuel López Obrador, encubrió la convivencia con las políticas macroeconómicas del TLCAN-TMEC, en la expresión fraudulenta de que “sin corrupción hasta el neoliberalismo es bueno”. La máxima ha operado como guía del gobierno de Sheinbaum, quien se mantiene adherida a tales políticas, confiada en que la “mano invisible” del mercado se encargará de corregir los desastres, mientras su gobierno mantiene la imagen soportada en un asistencialismo social que les permita ganar elecciones. Es frecuente que las tragedias descansen en certezas dogmáticas.
Desde el Valle del Yaqui, Ciudad Obregón, Sonora 3 de julio de 2025
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