Aprueban reforma para fortalecer la protección del mobiliario urbano y sancionar su robo
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Hermosillo, Sonora; 30 de abril de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la protección del equipamiento urbano mediante la ampliación del tipo penal de robo y el establecimiento de sanciones más severas, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora y al Código Penal del Estado de Sonora.
El diputado Raúl Castelo Montaño, promovente de la iniciativa, dio lectura al dictamen de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, en el que se explicó que la reforma busca prevenir el robo, vandalismo o daño a estos bienes, acciones que afectan directamente la prestación de servicios públicos esenciales y ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía.
Subrayó que esta reforma responde a una problemática recurrente en los municipios del estado, donde el robo de infraestructura urbana ha generado riesgos para peatones, automovilistas y el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.
Castelo Montaño explicó que entre las modificaciones aprobadas se establece una definición clara de equipamiento y mobiliario urbano en la legislación municipal, así como el fortalecimiento del tipo penal de robo cuando estos bienes sean sustraídos o dañados, ampliando su protección a elementos como alumbrado público, alcantarillado, señalización vial y otros servicios municipales.
La reforma aprobada establece que el robo de bienes que integran el equipamiento, infraestructura y mobiliario urbano será sancionado con penas de 6 a 12 años de prisión, al considerarse una conducta que afecta directamente la prestación de servicios públicos esenciales y la seguridad de la ciudadanía.
Asimismo, se prevé que el delito sea perseguido de oficio y que, en caso de ser cometido por una persona servidora pública, además de la destitución e inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones en el servicio público, la pena de prisión se incremente hasta en una tercera parte, reforzando así las medidas para combatir la impunidad y proteger el patrimonio municipal.
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