Claramente, no hemos visto ni una pequeña parte del thriller huachicolero que mantiene al país al filo de la butaca. Una producción con la que hubiera soñado el mismísimo Epigmenio Ibarra para una de sus narcoseries, y que incluye una saga de corrupción, tráfico de influencias, colosales movimientos de dinero sucio y combustible ilegal, asesinatos y hasta un suicidio. Más lo que se acumule en los próximos días.

¿Cómo se pasó del ‘huachicoleo artesanal’ que si bien se hacía ilegalmente de millones de litros de combustible al año mediante métodos más o menos rudimentarios, a la configuración de una red criminal que mueve 10 millones de litros en un solo buque por aguas nacionales e internacionales; pasa por puertos -administrados por la Marina-, por aduanas -administradas por militares-, y por carreteras, vigiladas por la Guardia Nacional?

Apenas en enero de 2019, cuando López Obrador no terminaba de cruzarse la banda presidencial al pecho, unas imágenes sacudieron al mundo entero. Campesinos ardiendo en llamas ante la mirada atónita de militares que complacientemente los dejaron ‘ordeñar’ un oleoducto de PEMEX e Tlahuelilpan, hasta que inopinadamente una chispa convirtió aquello en un infierno.

Los dos grandes fracasos nacionales se asomaban desde entonces: el huachicol como negocio de los cárteles, pero también de quien tuviera las herramientas y el valor para la ‘ordeña’, y la política de abrazos, no balazos que tantos dolores de cabeza dio a los propios militares, impedidos para aplicar la fuerza en casos como ese.

Con el correr de los años, ciertamente no se volvieron a registrar accidentes -al menos de la magnitud de Tlahuelilpan- y el presidente repitió una y otra vez que el huachicol se había acabado.

Con la nueva administración federal, presionada por el gobierno norteamericano a apretar tuercas en el combate el crimen organizado, comenzaron a asestarse fuertes golpes a lo que desde hace meses aparecía como un descomunal negocio ilegal, hasta el descubrimiento del llamado ‘huachicol fiscal’, un negocio trasnacional al margen de la ley que mueve millones de litros de combustible entre Estados Unidos y México.

Lo más reciente es el descubrimiento de que esa red criminal -no podía saberse- contaba con la connivencia y la participación de elementos de la Marina Armada de México, de funcionarios públicos y de empresarios, operando especialmente en Tampico, Tamaulipas, pero con ramificaciones en todo el norte del país y otras regiones.

La Secretaría de Seguridad Pública y la FGR informaron que ya se detuvo a 14 personas: 5 marinos en activo, un marino en retiro, tres empresarios y cinco funcionarios de aduanas. Dos de los marinos en activo son sobrinos del ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda, a quien tanto Omar García Harfuch como Alejandro Gertz Manero han deslindado de esas actividades y, de acuerdo con sus versiones, desde hace dos años él mismo denunció presuntas actividades ilícitas para su investigación. Hace dos años…

La trama se ha complicado porque se han registrado al menos tres muertes relacionadas con la misma: el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien había denunciado la posible participación de los sobrinos del Almirante Ojeda en la red criminal, y Magaly Janet Nava Ramos, agente de la FGR e Colima que estaría investigado el caso. Ayer, encontraron muerto al capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, a quien se investigaba por presunta recepción de sobornos para permitir la descarga de huachicol. Sobre su muerte hay versiones encontradas: unos hablan de suicidio, otros, que recibió disparos en el pecho.

Sin duda es plausible que el gobierno federal haya desarticulado esta red criminal y vaya por otros implicados, pero por las dimensiones del caso es claro que la investigación tomará el carril de la política, toda vez que hay servidores públicos involucrados y ya han salido nombres de personas relacionadas con el financiamiento de campañas electorales.

A la presidenta Claudia Sheinbaum no se le puede regatear el éxito de la desarticulación de esta banda, pero tiene frente a sí una responsabilidad mucho mayor, pues no se sabe hasta dónde puedan topar las investigaciones, en las que se ha comprometido en ir al fondo.

El mensaje que ha mandado es de cero impunidad, esperemos que así sea.

Por cierto, circuló ayer una versión periodística en la que se aseguró que el delegado de la FGR en Sonora Francisco Sergio Méndez había sido detenido, también por casos relacionados con el huachicol.

La nota es tan fake que ayer mismo por la mañana el funcionario federal estuvo en palacio de gobierno y fue entrevistado al salir del edificio. La circulación de estas fake news revela sin duda las tensiones de las que están siendo objeto los involucrados en el escabroso asunto, y no se dudaría que estén moviendo recursos no solo para filtrar información, sino para ‘calambres’ mediáticos en algunos medios.

II

Y a propósito de cero impunidad, en Sonora también se cuecen habas. La fiscalía estatal informó ayer que Andrea Fernanda “N”, ex funcionaria del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública que ya se encontraba vinculada a proceso por delito de peculado, ahora fue imputada por el delito de enriquecimiento ilícito, tras haber desviado recursos públicos por más de 106 millones de pesos.

La imputada no lo hizo sola. En la investigación aparece su esposo, también funcionario de esa dependencia y quien se encuentra prófugo de la justicia.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la pareja habría ocultado y desviado fondos con los que se hicieron de una residencia con valor de varios millones de pesos, se pagaron su boda este año en el exclusivo Club Los Lagos, a donde acudieron cientos de invitados, y realizaron cuantiosas transferencias bancarias. Se les han asegurado bienes y cuentas bancarias.

Aquí el punto es si su jefe, David Mendoza, que la semana pasada renunció al cargo de director de CECOP tampoco sabía nada de estos movimientos. Y si los cientos de invitados a la boda, así como otros tantos que aparecieron en fotografías con los implicados, prefirieron voltear a otro lado ante la ostentosa nueva forma de vida de la pareja.

La aprehensión de Andrea Fernanda y las pesquisas sobre su marido envían un mensaje correcto de no impunidad, pero dejan un amarguísimo sabor de boca en el gobierno de la 4T, porque evidencian que hay algunos ‘anoroñados’ a los que no se les da bien eso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

III

En temas más amables, el gobernador Alfonso Durazo encabezó ayer un emotivo acto en el que entregó becas a los jóvenes que conforman la sexta generación de estancias académicas en la industria, un programa en el que participa la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y varias instituciones de educación superior.

El objetivo de este programa es vincular a los estudiantes con el sector productivo e impulsar su integración al mercado laboral.

Como suele hacerlo, el gobernador alentó a los estudiantes a seguir preparándose y a aprovechar la oportunidad que representa esa beca, un tema al que le entiende bien por haber sido él mismo beneficiario de apoyos de esa naturaleza sin los cuales jamás habría podido continuar sus estudios y hablarles ahora como gobernador del estado.

Durante el evento se firmó un convenio de colaboración entre el gobierno del estado, la CMIC y la SICT para promover la profesionalización de los jóvenes en temas de desarrollo sostenible, otro rubro que el gobernador ha impulsado significativamente con el Plan Sonora de Energías Sostenibles.

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