No fue otro jueves como los demás…

Arturo Soto Munguía /    2025-08-08
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Pintaba para un jueves tranquilo, pero es claro que nuestra bienamada clase gobernante, en sus tres niveles está empeñada en mantener al respetable al filo de la butaca, entre policías detenidos, alcaldes sin visa y fuegos reavivados cuando ya se estaban apagando.

 

A media mañana comenzaron a circular versiones extraoficiales en el sentido de que el ex comisario de Seguridad Pública en Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos había sido detenido junto a otros agentes, en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.

 

El motivo -trascendió también extraoficialmente- la participación de los municipales en una inusitada acción en la que detuvieron a varias personas en situación de calle para montarlos en un camión y ser enviados a Navojoa en vísperas de las Fiestas del Pitic, lo cual suscitó airadas críticas ciudadanas y motivó una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

 

En su momento, el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez declaró al respecto que el ayuntamiento sería el primero en investigar y en su caso sancionar a los presuntos responsables, admitiendo que en ocasiones se realizan esos traslados, pero con el consentimiento de los implicados; además, subrayó su compromiso con ese sector vulnerable a partir de programas como los desarrollados por la Casa Galilea, donde se les ofrece alimentos, atención médica, psicológica y hospedaje temporal.

 

Días después se registró el relevo del comandante Hoyos, asumiendo el cargo Jesús Alonso Durón Montaño.

 

Los agentes detenidos junto con el excomisario son: Ángel Alí Ramírez Soto, Francisco Rey Rey, Pánfilo Ramírez López, José Ángel Román Rodríguez y Luis Mario Espinoza de los Monteros.

 

La Fiscalía estatal envió un escueto avance informativo en el que informaba de las detenciones y precisando que las órdenes de aprehensión se habían cumplimentado por diversos delitos relacionados con hechos materia de denuncia y quejas presentadas por la CEDH.

 

Pero horas después, el organismo defensor de los derechos humanos emitió un comunicado en el que “puntualiza y aclara que continúa realizando su propia investigación por probables violaciones a los derechos humanos y hasta este momento no ha emitido ninguna recomendación que inste a que las autoridades lleven a cabo dichas detenciones, las cuales en todo caso se han realizado como consecuencia del procedimiento penal en curso, pero no a partir de la investigación que realiza la CEDH Sonora”.

 

¿La CEDH en ruta de colisión con la Fiscalía? Ya se sabrá, pero no sería la primera vez que eso ocurriera.

 

El Ayuntamiento de Hermosillo, por su parte, envió un no menos escueto comunicado en el que sostiene que “se mantendrá respetuoso de las indagatorias y del debido proceso. Lo anterior, con el fin de permitir que el desahogo del caso se realice de forma objetiva, con apego estricto a la ley”.

 

Esos son los hechos tal cual como ocurrieron. Las formas, sin embargo despiden cierto aire de suspicacias sobre las que es fácil prejuzgar, pero difícil comprobar, así que esperaremos el desarrollo de la trama completa para el análisis de rigor.

 

II

 

Pero el jueves daría para mucho más. Desde Nogales llegó la noticia de que al alcalde de aquella fronteriza ciudad, Juan Gim Nogales le fue retirada su visa y el propio edil difundió en sus redes sociales un video en el que explica que todo se debió a un procedimiento administrativo y que se encuentra con la conciencia tranquila y la disposición intacta para seguir trabajando en favor de los nogalenses.

 

Juan Gim es el segundo alcalde sonorense al que le cancelan la visa; el primero fue el de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro y, como es común en estos casos, las autoridades norteamericanas se reservan el derecho de informar sobre los motivos por lo que tomaron esa medida.

 

Y para cerrar el trepidante día, la diputada federal Diana Karina Barreras difundió un video en el que responde a la escalada de críticas que se han viralizado en redes sociales desde que se conoció la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obliga a la ciudadana Karla María Estrella a pedir disculpas por lo que ese tribunal consideró un acto de violencia política en razón de género. También la inscribió en el padrón de violentadores de género hasta 2027, la obligó a publicar en su cuenta de X un extracto de la sentencia y a acreditar una serie de lecturas sobre el tema.

 

El asunto, como es ampliamente conocido, derivó en reacciones virales y muy adversas hacia la legisladora y hacia su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, que ayer también apareció en varios medios nacionales para denunciar una campaña negra en contra suya y de su esposa, auspiciada por ‘la derecha y los enemigos del proyecto de la cuarta transformación’, argumentos que secundó Diana Karina en su video.

 

Ambos ofrecieron disculpas a las personas que participan del movimiento de transformación y pudieron haberse molestado por ‘las falsedades de esa campaña negra’ que, aseguraron, tiene una intencionalidad política para atacar el proceso de transformación del país.

 

Y es que de unos días a la fecha, el periodista y académico Jorge García Orozco ha publicado una serie de tuits en los que retoma publicaciones de las redes sociales de la propia diputada donde aparece luciendo ropa de marca, joyas, calzado y accesorios cuyo costo estaría fuera de los alcances de sus ingresos. El tema reventó porque el periódico Reforma publicó en su primera plana, ayer, un reportaje al respecto.

 

Así fue que a tres días de que se cumplan los 30 días de las disculpas de Karla Estrella, Diana Karina y Sergio Gutiérrez, que habían mantenido un perfil bajo en todo este tiempo decidieran aparecer públicamente denunciando lo que consideran una ‘campaña negra de la derecha’ y a explicar varias cosas, entre ellas, que algunos de los artículos exhibidos no cuestan lo que el periodista dijo que cuestan; que otros fueron adquiridos antes de que ocuparan un cargo público; que las acusaciones de nepotismo contra la diputada no tienen sustento pues sus familiares que trabajan en el gobierno lo hacen desde antes que ella ocupara un cargo público.

 

Posiblemente, el tema se hubiera apagado, o al menos atemperado en unos cuantos días más, pero ayer volvió a tomar impulso y a tomar nuevos derroteros con la reaparición de ambos legisladores.

 

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